Ordenan a INE investigar violencia política en Q.Roo

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) abrir procedimientos sancionadores para investigar  un posible caso de violencia política contra la consejera electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca.

La denunciante  señaló a la consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPL) del estado, Mayra San Román Carrillo Medina y el consejero Juan Manuel Pérez Alpuche; a tres funcionarios del organismo; a los  representantes de PRI, Panal y PT, así como a dos magistrados electorales locales, de presuntas violaciones al principio de independencia y supuesta violencia política de género.

Por unanimidad los magistrados emplazaron a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE a iniciar sendos procedimientos sancionadores ordinarios.

En 2016 ya habían ordenado iniciar indagatorias al respecto, pero ahora instruyeron que la investigación sea exhaustiva y con perspectiva de género.

Además facultaron a la UTCE del INE a “examinar” la conducta de los magistrados locales para conocer el contexto de la situación, aunque no pueda sancionarlos.

“Los magistrados denunciados, como cualquier otra persona, y particularmente aquellos que fueron vinculados al procedimiento, tienen el deber general de colaborar con el INE” en el desarrollo de sus funciones de investigación, destacó el magistrado ponente, Reyes Rodríguez Mondragón

Así, se estableció que el INE podrá dar vista o comunicar los hechos que halle a las autoridades competentes -en ese caso el Senado- para que investigue a los juzgadores.

Carrillo Gasca denunció posibles afectaciones a su derecho a ejercer el cargo con independencia y autonomía  dentro de un posible contexto de violencia política de género.

Además acusó que la UTCE del INE  no aplicó una perspectiva de género al analizar el caso y excluyó de las diligencias a los representantes del PRI, PT y Panal, así como a dos magistrados locales y  los titulares de la dirección de  Organización, de Partidos Políticos y Radiodifusión, así como de la Unidad Técnica de Comunicación Social del OPL del estado.

La magistrada presidenta del TEPJF; Janine Madeline Otálora Malassis expuso que a reserva de acreditarse, el Estado mexicano no puede permitir “que a través de presiones, de chantajes y de amenazas se impida a funcionarios públicos, sea cual sea el nivel que éstos tienen, un ejercicio de sus funciones con plena independencia e imparcialidad”.

Destacó que la UTCE del INE tiene facultades para investigar más allá de los consejeros locales “y tienen que abarcar, obviamente, a los diversos funcionarios de la propia OPLE que están denunciados por la actora, pero también a los consejeros representantes de los partidos políticos, y creo que este es un gran avance de decir también ustedes pueden ser sujetos de violencia política, lisa y llana, o de violencia política de género”.

La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso destacó que la denunciante refirió 32 hechos, entre llamadas telefónicas, correos, mensajes de texto, publicaciones en prensa, e inicio de una averiguación previa en su contra, con “fechas, lugares y circunstancias muy concretas”, para acreditar los hechos, por lo que deberán indagarse.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera destacó que el principio de independencia implica que quienes ocupan cargos públicos electorales “deben tener asegurada la posibilidad de emitir sus determinaciones sin tener que acatar o someterse a indicaciones, presiones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas o entidades con las que guarden alguna relación política”.

Como publicó EL UNIVERSAL en diciembre, el de Quintana Roo es uno de los dos Organismos Públicos Locales Electorales (OPLs ) –el otro es el Instituto Electoral de Jalisco-- en los que consejeros electorales, tanto hombres como mujeres, se encuentran en la mira  por presunta discriminación, malos tratos y violencia política de género.