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Pobreza, inseguridad, corrupción y desconfianza social son los problemas que ha comenzado a enfrentar el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.
Los diagnósticos realizados por la Secretaría de Gobernación (Segob) en cuatro de los 570 municipios en los cuatro años que duró el Programa Nacional de Prevención de la Delincuencia (Pronapred), obtenidos vía transparencia por EL UNIVERSAL, muestran que así transcurre la vida cotidiana en los municipios de Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec, San Jacinto Amilpas y Santa Lucía del Camino.
La percepción de inseguridad, que incrementó en los últimos años y por ello creció la contratación de seguridad privada, afectó el tejido social. Hay desconfianza en las policías y se registran conductas de abuso de autoridad y corrupción, indica el documento.
Señala inseguridad y violencia, derivado de los enfrentamientos entre autoridades e integrantes de la ex Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) o de grupos que presentan “conductas antisociales” sin llegar a ser pandillas ni grupos de la delincuencia organizada”.
A pesar de que en algunos momento la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha realizado bloqueos a las calles y carreteras del estado, ha colocado barricadas y protagonizado enfrentamientos en las escuelas con los padres de familia, el documento de Gobernación no hace referencia a esas prácticas.
El Consejo Nacional de Población (Conapo) indicó que Oaxaca tiene un grado de marginación muy alto en comparación con el contexto nacional, al ocupar el tercer lugar de las 32 entidades federativas. En Oaxaca, 3.6% de la población vive en pobreza extrema y se concentra en los municipios de San Simón Zahuatlán, Coicoyán de las Flores, Santos Reyes Yucuná, San Juan Petlapa, Huautepec, y Santa Lucía Miahuatlán.
Organización privilegiada. Desde el primer diagnóstico del Pronapred, la Segob ha registrado los datos de Oaxaca de Juárez, el centro comercial, social y político de la región de Valles centrales de la entidad, en la que además de los 263 mil 357 habitantes que tiene también convergen otros 250 mil provenientes de municipios aledaños y del interior del estado que trabajan allí.
“En cuanto a la organización vecinal en el municipio de Oaxaca, es posible apreciar que la participación se da para resolver conflictos como venta de productos pirata, consumo de drogas, de alcohol en la calle, gratifis, discusiones o peleas entre vecinos, robos a negocio, casas o vehículos y robos a transeúnte.
Se agrega la percepción de inseguridad que se ha incrementado en los últimos años, lo que ha modificado las rutinas de los pobladores y sus modos de vida.
“Esta situación podría explicar, en gran medida, el aislamiento de la ciudadanía, la contratación de seguridad privada y la pérdida de la convivencia comunitaria, afectando con ello el tejido social de las comunidades. Los habitantes tienen alta desconfianza en la policía, puesto que la relacionan con los delincuentes o han sido víctimas o han observado conductas de abuso de autoridad y corrupción”
Giros negros. En total fueron identificadas tres pandillas que operan en el municipio: Los 13, Los 18 y Los 21. Su presencia es uno de los problemas que preocupa a los habitantes.
“Son integradas por jóvenes con adicciones, desempleados, que realizan actos vandálicos por la disputa del territorio, realizan robo de autopartes, a transeúntes.
“Están integradas por jóvenes de entre 13 a 29 años que son reclutados por personas de entre 30 y 45 años”, agregó la dependencia.
De entre los municipios analizados, el de Santa Lucía del Camino llama la atención de la Segob porque se ha caracterizado por la inseguridad y la violencia derivada de enfrentamientos entre autoridades y la ex APPO.
Subraya que el problema ahí son “los incontables establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y giros negros no cuantificados, la falta de regularización de dichos giros negros y licencias expedidas por el propio ayuntamiento, siendo este un detonante para delinquir y ser víctima de posibles delitos”.
La dependencia destaca que uno de los problemas preponderantes es que a pesar de que se tiene el registro de homicidios, trata de personas, narcomenudeo y corrupción de menores en los establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas, éstos siguen operando.
Fueron ubicadas tres pandillas y para este municipio se ha identificado que la población vulnerable son las niñas, niños y adolescentes, porque se han convertido en una de las principales víctimas de la violencia y la delincuencia por las condiciones socioeconómicas en las que subsisten.
En esa localidad y en San Jacinto Amilpas, donde prevalece la pobreza extrema y moderada, el “factor de riesgo” son las agrupaciones cuyos integrantes presentan “conductas antisociales sin llegar a ser pandillas ni grupos de la delincuencia organizada.
“Nos enfrentamos a grupos de jóvenes que al no contar con la oportunidad de estudiar, se encuentran laborando en empleos informales (mototaxis) y se reúnen con otros jóvenes para ingerir bebidas en ciertos puntos detectados en algunas colonias del municipio, situación ocasionada por la existencia de un gran número de bares que trabajan en la clandestinidad y centros de libre venta de alcohol”, indicó la Secretaría de Gobernación en su informe.
