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Diversos especialistas coincidieron en que el Congreso de la Unión debe legislar para otorgarle un marco legal a las Fuerzas Armadas para actuar en labores de seguridad pública, pero advirtieron que se debe poner mucha atención en no otorgarle demasiadas facultades en el uso de la fuerza letal, debido a que la ciudadanía y los propios integrantes de las fuerzas castrenses podrían estar en riesgo. Además, pidieron poner controles y regular sus operaciones.

En el foro Alternativas para una Seguridad no Militarizada en México, que organizó Morena en la Cámara de Diputados, los especialistas también advirtieron que en ocho años no se ha entrado a legislar sobre el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, debido a que las Fuerzas Armadas permanecen en las calles; sin embargo, advirtieron que el Ejército y la Marina se han visto afectadas y han sufrido un desgaste.

Incluso, criticaron que el que las fuerzas castrenses lleven 10 años en las calles no ha ayudado a disminuir la crisis humanitaria que vive nuestro país, por lo que la calificaron esta estrategia como una política fallida. Además, hubo quien rechazó una regulación en este tema, porque los civiles deben hacer estas tareas.

En este contexto, los especialistas criticaron las dos iniciativas que hay en el Congreso de la Unión para normar la seguridad interior, una del PRI en la Cámara de Diputados y otra de Roberto Gil Zuarth en el Senado de la República, pues aún tienen muchas fallas, incluso, advierten que de aprobarse como están, México entraría a un régimen militarizado.

En su oportunidad, Carlos Silva Forné, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que no solamente se trata de que exista un marco regulatorio para el uso de la fuerza, sino que tiene que haber una política institucional sobre su uso. Sugirió que debe existir una política que implique tanto un marco jurídico como reglas claras para su evaluación y control.

“Una fuerza letal y una fuerza del Estado que carezca de los controles adecuados pone en riesgo a la población y a los propios integrantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad que también operen sin un control claro de información y de los controles adecuados por parte de la justicia en el uso de la fuerza letal, también favorecen el incremento de la violencia por parte de la delincuencia al fortalecer la propia expectativa de que el uso de la fuerza letal puede ser la consecuencia y no el ser detenido, y puede favorecer un incremento en la espiral de la violencia”, describió Silva Forné.

Asimismo, Julio Ríos Figueroa, especialista del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), aseguró que el uso de la fuerza del Ejército tiene que ser ejemplar, porque si las fuerzas castrenses violan alguno de los principios básicos de nuestro Estado y Constitución, ¿qué diferencia habría entre ellos y los grupos criminales?, es decir, las Fuerzas Armadas necesitan armas para ganar la batalla con legitimidad.

Ríos Figueroa recordó que las Fuerzas Armadas están actuando en el combate al crimen, pero a diferencia de lo que se está proponiendo ahora, que es legalizar una situación en donde las fuerzas castrenses hacen cada vez más funciones que no les corresponden, “se debe regular a las Fuerzas Armadas en donde otros no lo pueden hacer, como el uso de la fuerza letal”.

Asimismo, Ximena Medellín, también del CIDE, se manifestó en contra de que las Fuerzas Armadas hagan tareas de policías en las calles y aseguró que en 10 años hay evidencia de que no ha bajado la crisis humanitaria que hay en nuestro país y señaló que es una política fallida.

Asimismo, dijo que este despliegue no solamente ha afectado a los ciudadanos sino a las Fuerzas Armadas, debido a que están llegando a un punto de tensión institucional, técnica y operativa que no es soportable para una institución castrense. “Las Fuerzas Armadas han perdido la relevancia que deben tener en México”.

En su oportunidad, Catalina Pérez Correa expresó que tanto la propuesta del senador Gil como la del diputado Camacho pisan el acelerador a una estrategia que no ha mostrado dar resultados en seguridad pública.

Destacó que este tipo de iniciativas pondrían en riesgo el gobierno republicano de México convirtiéndolo en un país militarizado, ejemplo de ello, son los 17 años de excepción en Colombia derivados de la militarización de la seguridad nacional, por lo que hizo un llamado a los diputados y senadores de todos los partidos a no legislar con “manga ancha” cuando no existe ni control ni vigilancia de las Fuerzas Armadas y en donde es cuestionable el trabajo de las mismas.

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