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A pesar de contar con fuero constitucional, Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia de Veracruz, podrá ser detenido, indicó un juez federal.

Al dar entrada al amparo promovido por Duarte de Ochoa contra la privación de la libertad, el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México concedió la suspensión provisional e indicó que esto no evita su captura, pues deberá ser puesto a su disposición en cuanto hace a su libertad y a disposición del juez de la causa penal por el procedimiento que se sigue en su contra.

Esto, a pesar de que el gobernador con licencia de Veracruz alegó que la aprehensión no puede ser ejecutada, debido a que goza de fuero, puesto que su mandato concluye el 30 de noviembre próximo.

“El fuero debe ser interpretado de manera armónica con los artículos 1, 19 y 20 constitucionales, en relación con los diversos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de tal modo que impida constituirse materialmente en una amnistía, pues las víctimas no pueden atacar eficazmente la omisión a que se resuelva el procedimiento de declaración de procedencia, lo que no impide que se cumplan los fines del Estado, por lo que la orden privativa de la libertad que se reclama puede ser ejecutada”, indicó el juez.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal en la demanda de amparo presentada el 16 de noviembre pasado, Duarte de Ochoa no indicó los delitos por los que presume que existe una orden de aprehensión en su contra.

En busca de limpiar su nombre. En octubre pasado la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que solicitó a un Juez de Distrito una orden de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, luego de que el mandatario solicitó licencia al cargo hasta la fecha en que finaliza el mismo (30 de noviembre).

Al solicitar su licencia al cargo, Duarte de Ochoa argumentó que buscaba limpiar ante la opinión pública y aclarar ante las instituciones de procuración de justicia su nombre y el de su familia.

Sin embargo, a la fecha se le considera prófugo de la justicia por lo que el gabinete de seguridad, en coordinación con la PGR, realiza acciones para dar con su paradero.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) presentó una denuncia contra el gobernador con licencia de Veracruz por la compra de terrenos a través de al menos 33 “empresas fantasma”.

La Procuraduría General de la República confirmó que en la carpeta de investigación abierta por dicha denuncia también están involucradas otras nueve personas, entre ellos funcionarios del gobierno veracruzano.

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