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Organizaciones de la sociedad civil acusaron que la designación de siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que calificarán la elección presidencial de 2018, sigue la ruta del “reparto de cuotas políticas”.

Advirtieron que esa práctica ha dañado instituciones y a la democracia, y destacaron que un proceso transparente, con la participación de la sociedad, en cambio, otorgaría legitimidad a quienes accedan a esos cargos.

La senadora Martha Tagle Martínez dijo: En materia de designaciones, en el Senado, “las cosas se están dando como siempre”: la Comisión de Justicia entrevista candidatos y sólo tiene facultad para declarar la idoneidad de los aspirantes que verificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y como en una caja negra, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) elige, sin explicarle a nadie, lo que habrá de votar el pleno.

Hoy serán aprobados como “elegibles” los 21 candidatos que integran siete ternas, luego de una fase de entrevistas a cada uno de ellos. Los representantes de Fundar y Fundación para la Justicia señalaron la mala calidad de las preguntas de los senadores a los aspirantes, entre los cuales había prospectos sin dominio del tema electoral, que dieron respuestas de bajo nivel, en un marco de escaso tiempo para el escrutinio.

Como un error de la Corte, calificaron el haber encapsulado a seis mujeres en dos ternas, cuando por su perfil y capacidad profesional hubieran competido con posibilidades de éxito agrupadas con varones.

El proceso es opaco, desde la integración de las ternas, por parte de los ministros de la Corte, plantearon Haydee Pérez Garrido, de Fundar, y Ana Lorena Delgadillo, de Fundación para la Justicia.

Participantes en el Seminario “Designaciones Públicas”, del Instituto Belisario Domínguez del Senado, señalaron que esta facultad de designación la ejercerá la Cámara Alta en este periodo de sesiones, en la integración de la sala superior del TEPJF, así como para los cargos de fiscal general, fiscal anticorrupción, titular de la Secretaría de la Función Pública y del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción.

Tagle explicó que el Senado no debería de tener como fin el reparto de cuotas de partido, sino elegir personas idóneas, con capacidad, perfil de autonomía e imparcialidad.

“Es claro que se cayeron los candidatos de los partidos políticos, y que las ternas integradas con personalidades del Poder Judicial, sin experiencia electoral, mostraron que no son las idóneas y tendrían necesidad de una curva de aprendizaje que ya no podrán tener, porque está en curso el proceso para las elecciones en el Estado de México, Nayarit y Coahuila.

Las organizaciones civiles coincidieron en que la fase que transcurrió en la Corte, los ministros fueron subjetivos al seleccionar 21 de entre 126 perfiles, con la exclusión de la sociedad civil, por lo que el proceso que avanza en el Senado, en el mismo marco de opacidad, adolece de legitimidad.

Arturo Espinosa, director de Observatorio Strategia Electoral, informó que las comparecencias fueron insuficientes; Saúl López Noriega, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), argumentó su desacuerdo en que los ministros hayan entrado al proceso de selección de magistrados electorales, porque debieron establecer una negociación con las fuerzas políticas, y no tenían por qué “coquetear” con estas.

En la Corte, agregó Espinosa Noriega, se ha confundido “mediático” con que el proceso para la designación de magistrados electorales sea “transparente”, pues no se saben los criterios por los cuales consideraron que son adecuados los perfiles que enviaron al Senado.

Quien aspire a formar parte del TEPJF, detalló Espinosa Noriega, debe ser un apasionado del derecho electoral, tener conocimiento de esta materia y estar ocupado en ella; sin embargo, en parte de los integrantes de las ternas, se percibe distancia de la materia.

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