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Los resultados de la encuesta en materia de derechos humanos realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados señalan que una de las principales causas de la trata de personas en México es la corrupción.

La muestra indica que 57.7% de los mexicanos encuestados refiere que la corrupción es lo que ha provocado el aumento de este flagelo en el país, 18.9% se lo adjudica a la colusión de los gobernantes con las bandas de trata y 17.7% a la pobreza y falta de oportunidades.

De los 900 entrevistados vía telefónica, del 24 al 26 de septiembre, 30.2% manifestó que la violencia y desintegración familiar inciden en la comisión de este delito.

Sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, 56% considera que debería regularse la prostitución, 40.2% dijo estar en contra de su regulación y 3.8% no sabe o no contestó.

“Se les preguntó abiertamente sobre qué castigo deberían recibir los responsables de trata de personas, especialmente en los casos de explotación sexual infantil, y las respuestas más mencionadas son: 33.3% a favor de la pena de muerte, 30.9% por cadena perpetua, 21.9% por cárcel, 3.7% por castración o mutilación y 3.2% no sabe”, destaca el documento.

La encuesta telefónica, aplicada de manera aleatoria en todos los estados de la República, indica que 89.2% cree que las autoridades no actúan para cerrar lugares de prostitución por “estar coludidas o reciben sobornos”, 4.3% opina que toleran la existencia de estos sitios y 4% piensa que es porque no saben dónde están ubicados.

Al cuestionar a los ciudadanos sobre quién es el principal responsable de que en México haya personas explotadas sexualmente para beneficio económico de otra persona 37.3% afirmó que el gobierno, mientras que 36.8% asienta que son quienes explotan a otras personas y 22.9%, cree que la sociedad es la responsable.

En relación con las personas que son retenidas en contra de su voluntad o son engañadas con el fin de prostituirlas, se preguntó a los encuestados qué tanto hace el gobierno para proteger a quienes están en esta situación y “2.6% considera que el gobierno hace mucho, 10.1% afirma que hace algo, 33.3% que hace poco y 51.2% que no hace nada al respecto”.

Sin embargo, 90.8% dijo que sí denunciaría o daría aviso a las autoridades si se enterara de un caso de trata de personas, 5.9% aseguró que no lo haría y 3.3% no sabe o no contestó.

“Cabe mencionar que de 5.9% de las personas que no denunciarían 5.2% no lo haría por miedo a represalias, mientras que 0.7% no lo haría porque cree que no serviría de nada”, detalla la encuesta.

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