Padres de los 43 y SRE no alcanzan acuerdos

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El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, acusó reticencia del Estado Mexicano para avanzar en el mecanismo de seguimiento mandatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Ayer por la tarde los padres, abogados y representantes de los familiares se reunieron con la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, y su equipo, para avanzar en la definición del modelo y funcionamiento del mecanismo, pero no se llegó a ningún acuerdo.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entorpecido la creación y concreción del mecanismo; no hay voluntad política ni interés para avanzar en las investigaciones para un mecanismo de seguimiento”, acusó Vidulfo Rosales, quien comentó que tuvieron que retirarse de un diálogo “ríspido” ante la presunta negativa de las autoridades.

Rosales denunció que durante la reunión no se lograron acuerdos en torno a tres puntos principales: la instalación de un equipo técnico de manera permanente en México, que éste tenga acceso pleno a toda la información del caso y que cada dos meses miembros de la Comisión puedan visitar el país, con estancias de cinco días, para cumplir con su misión.

El subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, aseguró en entrevista por separado que no hay un rompimiento de diálogo y que será en julio cuando ambas partes se reúnan en la CIDH, en la ciudad de Washington, para resolver “matices” en la redacción de un documento final para la creación de este mecanismo de seguimiento.

Rosales refirió que el motivo de la reunión fue concretar el mecanismo de seguimiento especial que resolvió la CIDH, instancia que hace unos días mandó un documento al gobierno de México con los mínimos requisitos que debe tener esta herramienta para el caso Ayotzinapa.

La sugerencia de la CIDH es que el mecanismo pueda estar integrado por dos comisionados, que pueda hacer visitas cada dos meses, que las visitas duren un lapso de cinco días, que se le permita tener pleno acceso a la información y que esté dotado por un equipo mínimo operativo integrado por la CIDH y cuando menos por dos personas. Se propone que el equipo técnico pueda permanecer en el país el tiempo que sea necesario y tener acceso pleno a la información.

“Nos estamos atorando, hay reticencias del Estado mexicano para que haya un equipo permanente operativo en el país y para que tenga información plena, solo quieren que haya acceso a los expedientes, pero no a testigos o autoridades. Además no quieren que el equipo operativo sea permanente”, explicó Vidulfo Rosales.

Refirió que un acuerdo que se había tomado en la sesión de mayo con la CIDH ahora lo desconoció la canciller, en el sentido de que el mecanismo tendría que dar seguimiento a las medidas cautelares y lo recomendado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Dijo que la titular de la SRE precisó que sólo dará seguimiento a las medidas cautelares.

El abogado comunicó la decisión de los padres de instalar un plantón indefinido frente a las instalaciones de la SRE, donde se llevó a cabo la reunión y de la que salieron molestos.

Por otro lado, dijo que los padres mantienen su posición de que “no se puede confiar en la Procuraduría General de la República (PGR), luego de las inconsistencias en las investigaciones realizadas por esa dependencia.

Rosales dijo que por esta razón es necesaria la presencia de un mecanismo internacional de seguimiento, de ahí la insistencia de los padres y sus representantes legales para que se concrete la participación de la CIDH en las nuevas etapas de la investigación, en torno a lo que ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Adelantó que mañana por la noche tendrán una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. “Esperamos que ahí se pueda zanjar lo que aquí no se pudo resolver, pero de momento vamos a instalarnos aquí”, dijo.

En la reunión estuvo presente el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, quien de acuerdo con el abogado mantuvo una postura “homogénea” con la SRE.

Por su parte, Melitón Ortega, representante de los padres, dijo que la SRE mantuvo “una actitud negativa” y sin voluntad para “hacer compromisos” ni “avalar lo que la CIDH definió”.

“Hoy se ve claro que el gobierno mexicano no quiere este mecanismo especial para el caso Ayotzinapa”, dijo.

Según la versión oficial de lo ocurrido en Iguala, los 43 estudiantes fueron entregados a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula. Esta hipótesis fue puesta en duda por un grupo de cinco expertos enviados por la CIDH, cuyo mandato concluyó el 30 de abril pasado, por lo que se acordó entre México y el organismo crear un mecanismo especial de seguimiento de la investigación.