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El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, urgió revisar a fondo una reforma en materia de fuero militar, toda vez que es necesario definir con claridad las tareas de seguridad pública que deberá o debe llevar a cabo el Ejército.
Añadió que hasta ahora no están reguladas adecuadamente las actividades que hacen las fuerzas armadas, por lo que trabajar en materia de legislación militar, permitirá también modernizar el sistema de rendición de cuentas del Ejército, en un marco de respeto a los derechos humanos.
“El propio Ejército Mexicano ha insistido en la necesidad de una reforma a fondo para definir con claridad las tareas de seguridad pública que no están adecuadamente reguladas. Esta reforma nos permita transitar a un sistema moderno de rendición de cuentas en el marco del respeto a los derechos humanos”, indicó.
Sobre si los militares que presenciaron los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero, y en donde fueron desaparecidos, 43 estudiantes normalistas, deben o no entrevistarse, con los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Anaya Cortés, indicó que de acuerdo a la legislación vigente no hay razón para hacerlo.
“Nosotros coincidimos con la legislación vigente en que el Ejército Mexicano solamente rinde cuentas ante instancias nacionales y no ante instancias internacionales, compartimos esa interpretación con el general secretario (Salvador Cienfuegos), apuntó.
En este sentido, el líder nacional del PAN, reiteró la necesidad de reabrir la discusión de toda la reforma que el propio Ejército mexicano ha venido señalando que es necesaria y urgente para resolver con claridad atribuciones en materia de seguridad pública del Ejército.
En materia de Derechos Humanos, dijo que el gobierno federal debe recibir con “absoluta apertura” el informe en la materia de la CIDH, dado que el documento es importante y tiene altas expectativas en el marco de la visita del Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein.
“Nosotros esperaríamos lo mismo, que sus conclusiones sean escuchadas y atendidas por diversas instancias, pero particularmente por el gobierno federal, sería un error garrafal minimizar este tipo de recomendaciones. Por supuesto que hay violaciones de derechos humanos en nuestro país, el informe da cuenta de ello”, agregó.
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