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La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) promueven que se impulse dentro de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción la figura de informante protegido y anónimo para detectar corrupción y otras irregularidades de funcionarios públicos.

Al inaugurar la sexta reunión del Sistema Nacional de Fiscalización, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, consideró necesario que se incluya la figura del informante, es decir, “de quién desde la operación [en las dependencias] detecta la existencia de irregularidades y está dispuesto a darlas a conocer a las autoridades competentes”.

Precisó que para la implantación de ese modelo demanda acciones adicionales como la creación de un marco legal específico que garantice su protección.

Virgilio Andrade Martínez, titular de la Secretaría de la Función Pública, apoyó dicha medida para que los mismos servidores públicos detecten y denuncien los casos irregulares en las dependencias, siempre y cuando se cuente con procesos cuidadosos para garantizar que como informantes anónimos tengan protección e integridad.

“Parte del reto de la legislación sobre informantes radica en tener procesos debidamente cuidados, para que sea la integridad y sea la ética del servidor público denunciante el que tenga valor y, desde luego, que los hechos sean debidamente documentados sin que ello implique poner obstáculos a la procuración de justicia en estos aspectos”, declaró en entrevista a medios.

Andrade Martínez aclaró que el Sistema Nacional de Fiscalización se enfoca tanto en la rendición de cuentas tradicional como al seguimiento de servidores públicos.

La SFP tiene el reporte que desde inicios de 2014 a la fecha han recibido 26 mil denuncias contra servidores públicos en toda la República, principalmente por mal comportamiento de éstos y en menor medida por corrupción y uso ilegal de recursos públicos.

Cerrado el caso de la casa blanca. Tras casi nueve meses de encargarse de la investigación por supuesto conflicto de intereses, el secretario de la Función Pública insistió que se ha cerrado el caso por supuesto conflicto de interés del presidente de la República, Enrique Peña Nieto y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, por la compra de la casa blanca en las Lomas de Chapultepec, en el Distrito Federal y el inmueble localizado en Malinalco, en el Estado de México, respectivamente.

“Está cerrado el caso porque desde el punto de vista legal se terminó con dicha investigación. Incluye también la casa del secretario de Hacienda y Crédito Público, son los asuntos que se habían abierto específicamente”, dijo Andrade.

Durante los trabajos de la sexta reunión del Sistema Nacional de Fiscalización, el titular de la Función Pública aclaró que aunque el caso está cerrado, los legisladores pueden consultar lo que consideren pertinente a la dependencia a su cargo.

En febrero, Virgilio Andrade Martínez fue nombrado por el Jefe del Ejecutivo federal como secretario de la Función Pública y el encargado de indagar si existió conflicto de intereses de los servidores públicos —entre ellos el mismo Presidente de México— por la compra de propiedades.

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