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El presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta (PRD), dijo que se trata de una exoneración anunciada, la conclusión de la investigación que llevó a cabo la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre eventuales conflictos de intereses entre constructoras, el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y en los contratos con la primera dama Angélica Rivera.
Dijo que las conclusiones que ha dado a conocer el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, demuestran que para perseguir la corrupción y abatir la impunidad se necesita un órgano autónomo del Estado. Se ha pronunciado, dijo, una dependencia del gobierno federal.
“No satisface a la opinión Pública”, que engloba a la sociedad, a la clase política y a los medios de comunicación; la resolución nos indigna a todos.
Por su parte, el vicepresidente de la mesa directiva del Senado, José Rosas Aispuro Torres, dijo que es evidente que la opinión ciudadana rechaza los planteamientos del secretario Andrade. La percepción social está lejos de las conclusiones de la Función Pública.
El senador perredista Luis Sánchez dijo que la SFP ha creado un caso de impunidad, lo cual es obvio, señaló.
cg
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