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El gobierno mexicano "ha fracasado rotundamente" a la hora de resolver los asesinatos de reporteros, lo que ha sumido al país en una espiral de impunidad y aumentado los riesgos que sufren los comunicadores, denunció este martes el Comité para la Protección de los Periodistas.
La organización (CPJ, por sus siglas en inglés) deploró en su informe "Sin Excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas" que el sistema judicial "es disfuncional y está abrumado", lo que permite que los crímenes queden sin castigo.
Cuatro periodistas han sido asesinados en lo que va de año, después que 2016 batiera todos los récords con 11 reporteros fallecidos.
Marzo fue un mes particularmente negro, con tres comunicadores muertos y otro herido de gravedad. El diario Norte, basado en Ciudad Juárez, cerró además por la falta de seguridad.
Los asesinatos de periodistas se dispararon a partir de 2006, coincidiendo con la ola de violencia desencadenada por la militarización de la lucha contra el narcotráfico, con una media de entre tres y diez homicidios al año, según datos de la ONG Artículo 19.
Los "intentos" del gobierno mexicano "por enfrentar la problemática han sido insuficientes y la lucha por lograr justicia ha fracasado rotundamente", aseguró la organización, con base en Nueva York.
A pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto y sus antecesores han reconocido que el problema, "la ausencia de condenas (...) impide a la ciudadanía, entre ellos los periodistas, el pleno ejercicio de la libertad de expresión, garantizado en los artículos 6 y 7 de la Constitución".
"Romper el ciclo de impunidad en los delitos contra la prensa es el principal desafío que enfrenta el gobierno federal", apuntó.
"Pero cualquier cambio será imposible sin la plena voluntad del actual gobierno", subrayó la organización, con sede en Nueva York.
En la última década se han puesto en marcha la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y un mecanismo de protección federal para reporteros y activistas de los derechos humanos que son amenazados.
El CJP advierte sin embargo que estas medidas son insuficientes.
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