La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó ayer por consenso una resolución en la que se condena de forma explícita la “incompatibilidad de la práctica democrática y violación del orden constitucional” en Venezuela tras los hechos de la pasada semana, un paso más en la crítica del organismo a la situación en el país caribeño.

La decisión incluye más matices, especialmente por el número de países presentes en la sesión: según el recuento oficial, 23 de los 35 miembros. Además, cuatro de ellos decidieron abstenerse. La reunión estuvo sumida en el caos. La presidencia del Consejo del periodo actual la ostenta Bolivia, en voz del embajador Diego Pary Rodríguez, aliado de Caracas, quien decidió suspender el encuentro.

Luego de anunciarse que la sesión no se llevaría a cabo, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, expresó: “La suspensión de una sesión convocada para analizar una situación urgente, no puede ser tomada de manera unilateral y arbitraria”.

Sin embargo, los países favorables a la resolución hicieron caso omiso, y tras más de una hora y media de espera, decidieron otorgar la presidencia del consejo al representante de Honduras, Leónidas Rosa Bautista, el segundo embajador más veterano, para poder iniciar el debate. Los aliados de Caracas, con Bolivia, Nicaragua y la propia Venezuela a la cabeza, irrumpieron en la sala para mostrar su ira.

“Es una convocatoria ilegal y la desconocemos totalmente. Este consejo es ilegal”, criticó el boliviano Diego Pary. Más extenso y mordaz fue el venezolano Samuel Moncada, quien además de sumarse al clamor del “golpe de Estado institucional” y la supuesta ilegalidad del proceso, dijo que la declaración que se iba a aprobar era “espuria”, la demostración de una voluntad de “injerencia” en los asuntos internos de Caracas, una “trampa contra Venezuela” desde una reunión “viciada y venenosa” desde el “cuartel general de la conspiración”.

Tampoco se frenó en los ataques directos a varios países —especialmente con Colombia—, lo que conllevó a protestas sonoras de los embajadores. Después de sus pronunciamientos, los disidentes salieron de la sala.

Tras el escándalo, la sesión siguió y aprobó el texto, sin necesidad de voto. El secretario general Luis Almagro declaró: “Es un paso importantísimo para recuperar la democracia. No se puede negar que hay un problema y que existe una alteración del orden constitucional”.

Igual de satisfecho se mostró el embajador mexicano, Luis de Alba, por un “pronunciamiento sin oposición de ninguno de los presentes”, a la vez que hacía evidente la “preocupación por el deterioro de la normalidad” en Venezuela. “Consideramos fundamental actuar en el marco institucional”.

La resolución aprobada urge a “actuar para garantizar la separación de Poderes” y exhorta a emprender “gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática” en Venezuela. El documento deja la puerta abierta a una reunión a nivel de cancilleres. La nueva realidad y tensión en el seno de la OEA vivirá su primera prueba mañana, coincidiendo con la visita del canciller mexicano, Luis Videgaray, quien irá para hablar de la 47 Asamblea General que se va a celebrar en junio en la Ciudad de México.

Nicolás Maduro, presidente venezolano, rechazó la resolución. Señaló que la organización se ha transformado en un “tribunal de inquisición”. Dijo que lo que hacen sus opositores es “inviable” y llama al diálogo.

La oposición intentó mantener la presión sobre Maduro con protestas. Un centenar de opositores marcharon hasta la Defensoría del Pueblo. En esa marcha, el opositor Juan Requesens resultó herido. Primero Justicia, el partido del legislador, culpó del ataque a grupos afines al gobierno. Con información de Alberto Morales y agencias

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