La más reciente ramificación del escándalo latinoamericano de Odebrecht apuntó ayer al entorno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con el anuncio oficial de la investigación que pretende determinar la supuesta entrada de dinero de la constructora brasileña en la campaña electoral de 2014.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) intentará determinar si las campañas de la pasada elección presidencial violaron las normas de financiación, puesto que la fiscalía subrayó que es a ese organismo a quien corresponde realizar las pesquisas.

En este sentido, el presidente del CNE, Alexander Vega, declaró que las indagaciones tendrán como objetivo demostrar dos cosas: “Si se omitió haber reportado un gasto de campaña” y si se incumplió “la prohibición expresa de que un gobierno, persona jurídica o natural del extranjero, haga aportes a campañas de índole nacional”.

Horas antes, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, detalló que el exsenador Otto Bula, detenido por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, afirmó en una declaración jurídica que de 4.6 millones de dólares recibidos como sobornos, un millón de dólares tenía como destino a Roberto Prieto, gerente de la campaña para la reelección de Santos en 2014.

“Existe el testimonio del señor Bula en el que dice que tomó un millón de dólares, de los cuales descontó 10%, que tenían como destino al doctor Roberto Prieto”, dijo Martínez.

Precisó que la fiscalía “carece de pruebas” sobre si el dinero efectivamente entró en la campaña de Santos, porque cuentan con la declaración de Bula únicamente.

Santos sólo se pronunció con un mensaje en Twitter en el que pidió una “investigación a fondo” para poder conocer “lo más rápido posible” la verdad sobre la supuesta llegada de dinero de Odebrecht a su campaña.

Quienes salieron en su defensa fueron los miembros del gabinete, que cerraron filas alrededor del mandatario y calificaron la denuncia acerca de la recepción de dinero de Odebrecht como algo “absurdo e inaceptable”.

“Como consta en los libros contables de la campaña registrados ante el Consejo Nacional Electoral, la campaña no recibió financiación por parte de particulares, puesto que la totalidad de la misma se financió con recursos provenientes de los anticipos y reembolsos establecidos en la ley”, señalaron en
un comunicado.

En Perú la expectación se concentró ayer en si la justicia emitirá una orden de detención contra el ex presidente Alejandro Toledo, tal como solicita la fiscalía por la presunción de que recibió 20 millones de dólares de Odebrecht como soborno.

El fiscal Hamilton Castro presentó ante el Poder Judicial un pedido de prisión preventiva por 18 meses para Toledo, que actualmente está de visita en Francia, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

La esposa de Toledo, Eliana Karp declaró que supuestamente la justicia y el esquema de poder en el país están controlados por la líder derechista opositora Keiko Fujimori.

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que hay que “seguir las reglas” en el proceso judicial iniciado contra Toledo. El pasado fin de semana, el jefe de Estado declaró a W Radio de Colombia que estaba “muy dolido por estas noticias del ex presidente Alejandro Toledo”, de quien fue primer ministro y titular de Economía durante su gestión entre 2001 y 2006. “Es una traición al pueblo peruano y una traición a sus colegas”, remarcó.

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