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El inicio del diálogo en Venezuela llevó a la oposición a detener la agenda de acciones contra el presidente, Nicolás Maduro, entre las que se cuenta un "juicio" parlamentario al gobernante, así como la marcha que había sido convocada para este jueves y que pretendía movilizarse hasta el palacio presidencial.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de contundente mayoría opositora anunció que pospuso "por unos días" el debate previsto para determinar la responsabilidad política de Maduro en lo que la Cámara considera la "ruptura del hilo constitucional" en el país.
El diputado Julio Borges, jefe de la bancada opositora, pidió diferir el debate "dado el hecho de que en las últimas horas el Vaticano ha entrado formalmente para intervenir en la crisis constitucional y democrática del país".
El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, aclaró en la sesión que si en "pocos días" el diálogo con el Gobierno no reporta resultados, la oposición tendrá que levantarse de la mesa de conversaciones.
"Si pasan unos pocos días, 10, 12 días y no tenemos resultados, pues tendremos que pararnos y cada cual seguirá activando sus propios mecanismos", dijo el diputado.
Apuntó que para el próximo día 11 está estipulada una reunión entre las partes y que para los dos días siguientes hay que ver si lo que la oposición ha propuesto en ese espacio "están marchando o no".
Para Ramos Allup es "legítimo y comprensible" que el Gobierno plantee diferir la discusión en la AN sobre la "ruptura del orden constitucional" mientras se dialoga y aseguró que al chavismo le "preocupa" lo que pueda decir la comunidad internacional ante un pronunciamiento de la Cámara sobre este tema.
La suspensión temporal de las actividades fue celebrada por Maduro que felicitó a la oposición por haber tomado "decisiones sensatas" como resultado del diálogo que se instaló el pasado domingo en Caracas con el apoyo de acompañantes internacionales y de un representante de la iglesia católica.
Sin embargo, Maduro señaló que el proceso parlamentario en su contra por la supuesta "ruptura del orden constitucional" era un acto "ilegal e inconstitucional" y también apuntó que quien llame a marchar hasta el palacio presidencial de Miraflores es un "criminal".
El comentario del gobernante se produce poco después de que el partido Voluntad Popular, liderado por el opositor encarcelado Leopoldo López, manifestara su desacuerdo con la suspensión de las acciones contra Maduro y anunciara que dará plazo hasta el día 12 para que el presidente vuelva "al carril de la Constitución".
"Si para el 12 de noviembre Nicolás Maduro no ha vuelto al carril de la Constitución y nuestro pueblo sigue sin una nueva elección para cambiar al presidente, debemos declarar el abandono del cargo y movilizarnos a Miraflores", informó VP en un comunicado.
VP es uno de los partidos integrantes de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que decidió no participar en el diálogo y hoy manifestó su desacuerdo con el hecho de que se posponga lo que considera un "juicio político" a Maduro.
El partido dijo que tampoco respalda la decisión de la alianza de suspender la marcha convocada para el próximo jueves hasta Miraflores.
Y antes de que se anunciara la suspensión de la marcha opositora el cardenal venezolano Jorge Urosa Savino dijo durante una entrevista que consideraba inconveniente que se realizara esa movilización hasta Miraflores pues los manifestantes estarían expuestos a "grupos violentos" pro oficialismo.
Explicó que en el país caribeño operan "grupos armados que el gobierno no domina" y otros "que aparentemente son partidarios del oficialismo" y que ambos suponen un "peligro" para el antichavismo.
Más temprano, el secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Jesús Torrealba, dijo que una delegación de esta coalición se reunió ayer con el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, enviado especial de Washington para apoyar el diálogo en Caracas.
Torrealba dijo que uno de los temas tratados en el encuentro fue la suspensión del referendo presidencial que venía impulsando desde hace meses la oposición para revocar a Maduro, e indicó que alertaron a Shannon sobre "los peligros de la violencia política" que pueden producirse por esta suspensión.
Y bajo este escenario, el alcalde metropolitano de Caracas, el opositor en arresto domiciliario Antonio Ledezma, dijo que un referendo revocatorio presidencial este año y el derecho a protestar "vale más" que su libertad.
La afirmación del opositor se produce un día después de que fueran liberados cinco opositores detenidos, que la oposición venezolana consideraba "presos políticos".
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