El impeachment o juicio político es una figura legal que permite a los poderes públicos investigar y corroborar la incursión de un funcionario público en cualquier tipo de delito.
La Constitución venezolana no establece este mecanismo, a diferencia de Brasil. No obstante, hay dos alternativas para cuidar la devastada autonomía de los poderes en Venezuela, en caso de que el mandatario nacional viole las leyes: la declaratoria de responsabilidad política y el enjuiciamiento por delitos civiles.
En el primer caso, es la Asamblea Nacional (AN) la que puede emitir la declaratoria. Sin embargo, con el decreto de emergencia que anunció el presidente Nicolás Maduro “restringe” cualquier moción de censura hasta que pase el aprieto.
Una vez que la AN emite la declaratoria, se investiga el caso y se elabora un informe que se remite al Consejo Moral Republicano; de ratificarlo, el caso queda en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es el órgano que toma la decisión final. Sin embargo, hasta ahora, el organismo judicial se ha mostrado favorable a Maduro.
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