Las guerrillas de las FARC alertaron del incremento en un 35 por ciento de las acciones de los grupos paramilitares y plantearon un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos para desmantelar a estos verdaderos “escuadrones de la muerte”.
El grupo guerrillero en un comunicado hizo la denuncia y a la vez su propuesta de desmantelar a las bandas criminales de extrema derecha, luego de conocer un frustrado atentado contra la dirigente Piedad Córdoba, una defensora de los diálogos de paz y de causas humanitarias.
“El crecimiento de las acciones paramilitares contra la población civil y dirigentes políticos y sociales desarmados, ensombrecen los sustantivos avances de los procesos de diálogos con las insurgencias y contra los anhelos de paz de todos los colombianos”, señaló el grupo rebelde.
Afirmaron que el “fenómeno paramilitar lejos de desmantelarse como lo requiere un acuerdo de paz, se encuentra hoy enseñoreado en todo el país, habiendo aumentado en más de un 35 por ciento sus acciones y victimizaciones con respecto al año 2015”.
“Asistimos a la reedición a cuenta gotas de un auténtico genocidio político, sin que el Estado colombiano logre tan siquiera señalar y capturar a sus responsables”, plantearon.
El genocidio político al que hacen referencia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es contra más de tres mil militantes de la izquierda colombiana que fueron asesinados de forma selectiva y masiva en la época de la llamada “guerra sucia en Colombia”, entre 1884-1994.
Bajo los gobiernos del presidente Santos y luego de tres años de procesos de paz -aseguraron las FARC- mil 687 defensores y defensoras de derechos humanos “recibieron amenazas, al menos 346 fueron asesinados. Otros 206 líderes sociales sufrieron atentados, 131 fueron detenidos arbitrariamente, y 16 fueron desaparecidos”.
Para el grupo insurgente, el gobierno pretende “negar su existencia con enrevesados eufemismos, las bandas paramilitares demuestran importante control territorial en amplias zonas rurales y urbanas, dirigen a sus anchas mercados legales e ilegales y mantienen vocerías políticas”.
“El sueño de la paz es irrealizable si persisten estas peligrosas amenazas para la vida y demás derechos fundamentales de los colombianos”, advirtieron los negociadores de las FARC.
El grupo guerrillero exigió al gobierno “esclarecer las responsabilidades tras esta andanada paramilitar y tomar medidas inmediatas que nos garanticen a todos el ejercicio de la política sin armas, para poder avanzar de forma cierta en la necesaria reconciliación nacional”.
El Acuerdo para el Desmantelamiento del Paramilitarismo, “aun en ciernes en la Mesa de La Habana, requiere su urgente firma e implementación”.
Llamaron a “la comunidad internacional a contribuir efectivamente para frenar el desangre y la zozobra que engendra el paramilitarismo al pueblo colombiano, haciendo una veeduría efectiva sobre este fenómeno y las crecientes denuncias en el país”.
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