Hallan otro fraude de Estado en Guatemala

Integrantes de la trama de corrupción aduanera conocida como La Línea, por la que fueron detenidos el exmandatario de Guatemala Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, estafaron unos 34.8 millones de dólares en otro caso de fraude al Estado, informaron ayer fuentes oficiales.

El fraude tuvo lugar entre 2008 y 2010, según se explicó ayer en una rueda de prensa de la fiscal general, Thelma Aldana, el titular de Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Rivas.

En el nuevo fraude detectado, descubierto a través de interceptaciones a comunicaciones de Giovanni Marroquín, supuesto implicado en La Línea, se urdió un sistema para evitar el pago de 255 millones de quetzales (33.3 millones de dólares) en obligaciones fiscales de la empresa Aceros de Guatemala, al tiempo que se repartieron el cobro de un crédito fiscal de 11.8 millones de quetzales (1.5 millones de dólares).

El caso se destapó en 2012 cuando fueron interpuestas tres querellas contra Aceros de Guatemala por fraude en la compraventa de chatarra, que Marroquín trató de que se sobreseyera utilizando sus influencias en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para lograr informes favorables.

El ex jefe del ente recaudador de impuestos Omar Franco, detenido en 2015 por estar implicado en el caso La Línea, y su sucesor, el responsable interino Elder Hermelindo Fuentes, arrestado el viernes, están acusados de haber alterado estos informes para favorecer a la empresa.

Junto a ellos, otros 11 trabajadores de la SAT están involucrados en este caso, entre ellos Alfonso Castillo, intendente jurídico, en cuyo domicilio se encontraron 2.9 millones de quetzales (385,000 dólares), y Ariel de Jesús Guerra, responsable del área de fiscalización.

A esta organización criminal se le imputan los delitos de asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión.

Tres de los involucrados, la representante legal de la empresa, María Eugenia Valdez, el abogado Frank Manuel Trujillo y el intendente de fiscalización de la SAT, Ariel de Jesús Guerra, se encuentran todavía prófugos de la Justicia.