Gobierno de EU apela ante Supremo por fallo migratorio

Reclama poder aplicar los decretos que alivian situación de indocumentados

Activistas proinmigrantes se manifiestan frente a la Suprema Corte, en Washington, ayer, para pedir que permita la entrada en vigor de los decretos ejecutivos anunciados por el presidente Barack Obama hace un año (J. SCOTT APPLEWHITE. AP)
Mundo 21/11/2015 01:57 J. Jaime Hernández / Corresponsal Washington Actualizada 01:57

En una decisión que reafirma su empeño en mantener vigentes sus órdenes ejecutivas para aliviar la situación de hasta 5 millones de indocumentados, la administración del presidente estadounidense Barack Obama formalizó ayer su apelación ante la Suprema Corte para defender su autoridad federal y dilucidar la validez de los programas de acción diferida conocidos como DACA y DAPA.

La apelación, presentada por el Departamento de Justicia se produjo al cumplirse el primer aniversario de la expansión del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), que protege a los hijos de padres indocumentados que llegaron desde muy pequeños, y la creación del programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que amplía la protección a algunos padres con hijos estadounidenses.

“Tras la decisión de un tribunal de apelaciones dividido se confirmó una medida cautelar a nivel nacional sin precedentes contra la implementación de una política federal de la ley de inmigración, y lo ha hecho en violación de los límites establecidos por el poder judicial”, dijo el fiscal general Donald Verrilli, en la apelación. “Si se deja sin tocar la decisión del tribunal de apelaciones se permitirá que los estados frustren el cumplimiento, por parte del gobierno federal, de las leyes de inmigración del país”, añadió Verrilli. “Por eso, este caso amerita revisión inmediata”.

En caso de que la Corte acepte la solicitud del Departamento de Justicia, su fallo tendría lugar en junio de 2016, antes de las presidenciales.

Frente a la Suprema Corte, cientos de indocumentados reclamaron a los magistrados que validen la legalidad de las acciones ejecutivas decretadas por Obama. Otra protesta tuvo lugar frente a la Casa Blanca, donde unas 50 personas pidieron al mandatario hacer más para detener la separación de familias que “viven con miedo”.

Organizaciones y expertos en derecho constitucional advirtieron que, de dejarse sin cambio el pronunciamiento de la corte de apelaciones de Nueva Orleans, que puso freno a los decretos de Obama, las cortes estatales podrían desafiar el cumplimiento de varios ordenamientos federales y no sólo en el frente migratorio. “De ahí la importancia del pronunciamiento que deberá emitir el Tribunal Supremo”, consideró María Elena Hincapié, de la organización National Immigration Law.

México saluda decisión. El Gobierno de México dio la bienvenida a la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos. “México reitera la importancia de estos programas de acción diferida, como una opción para las personas migrantes que facilitaría su plena integración a esas comunidades”, dijo la Cancillería en un comunicado.

Con información de Natalia Gómez Quintero y agencias

 

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