SIP condena prohibición de viaje a periodistas venezolanos

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy la orden de un tribunal en Venezuela que impide la salida del país a 22 representantes de medios demandados por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por reproducir información que lo vincula al narcotráfico.

La jueza María Eugenia Núñez emitió el martes la restricción que impide viajar fuera de Venezuela a dueños y directivos de los diarios El Nacional, Tal Cual y la publicación digital La Patilla, tal como lo solicitó Cabello al interponer su demanda el 23 de abril pasado.

Esos tres medios reprodujeron una información del diario ABC de España, basada en declaraciones de Leamsy Salazar, ex colaborador cercano de Cabello. La información aseveró que Cabello sería uno de los jefes del Cártel de los Soles, que trafica con cocaína en Venezuela.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, director de La República de Perú, declaró que el impedimento a salir del país contra los directivos de medios "muestra una vez más cómo el sistema judicial venezolano es utilizado como un instrumento del poder político".

"No se cumple con las garantías del debido proceso, que implican que el juez debería haber citado primero a los demandados en forma individual para evaluar si procede o no dictar medidas de arraigo en cada caso particular", señaló.

Mohme expresó que "se rompe así con los principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que dictaminó que los medios no pueden ser responsables por publicar en forma fiel informaciones que fueron originalmente difundidas por otros medios".

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, director del semanario Búsqueda, en Montevideo, Uruguay, señaló que la acción judicial ocurre en un marco de graves restricciones y ataques contra los medios críticos del régimen de Nicolás Maduro.

"Este acoso judicial -agregó Paolillo- es un eslabón más de una larga cadena restrictiva que incluye ahogar a los medios privados para comprarlos, directamente o a través de testaferros, y así montar una extensa maquinaria de propaganda, la cual conspira contra el libre flujo de información plural".