¿Qué necesitamos de las fiscalías?

En la tormenta de declaraciones y análisis desatada por la remoción del titular de la FEPADE abundaron las teorías conspiracionistas y las lecturas políticas. Pero hay algo que parece haber pasado de largo para la mayor parte de comentaristas y que, sin embargo, como país no hemos podido resolver: las filtraciones que desde muchas fiscalías se hace de información que forma parte de investigaciones en curso.

En efecto, ha sido una práctica histórica de muchos órganos de procuración de justicia el filtrar informaciones sobre casos de los que tienen conocimiento. Parecería que se trata de ganar esos asuntos en los medios de comunicación y no en tribunales.

Mal servicio prestan al país al hacerlo, pues confunden legalidad con popularidad mediática; pretenden “informar” a la opinión pública, pero en realidad tergiversan la justicia y ponen en riesgo el debido proceso legal.

Hay que decirlo con claridad: las investigaciones de los presuntos delitos deben estar caracterizadas siempre por la secrecía y la reserva. Una vez que los casos se “judicializan”, es decir, cuando ya existe una acusación formal ante un juez, las audiencias son públicas y los términos en los que se formula la acusación pueden ser conocidos por cualquier persona. Pero no antes.

El deber de guardar reserva respecto de las investigaciones de que conocen las fiscalías, protege derechos fundamentales que son la base del Estado constitucional de derecho, como la presunción de inocencia o el ya mencionado debido proceso legal. Se trata de protecciones a favor de todas las personas, sean o no sean políticos, y con independencia de que hayan o no hayan cometido conductas calificadas por la ley como delitos. También en caso de que efectivamente hayan delinquido se les debe respetar el debido proceso legal.

La PGR y las demás procuradurías del país, se encuentran en un momento muy delicado. Dentro de muy poco tiempo cambiará su naturaleza jurídica para pasar a tener un diseño de gran autonomía constitucional. Debería preocuparnos, y mucho, que ya con esa autonomía puesta en práctica, se sigan filtrando —de manera siempre interesada, no lo olvidemos— contenidos de investigaciones que no han concluido y no se han presentado ante un juez.

Si no logramos lo que acabo de señalar, las consecuencias pueden ser muy dañinas. Una cosa que en teoría es deseable, como que la procuración de justicia no se guíe por intereses políticos, puede terminar dando resultados nefastos. Ya en algunas entidades federativas como Chiapas por citar un ejemplo, han tenido muy malas experiencias al respecto. En esa entidad federativa algún “fiscal autónomo” ha terminado en la cárcel por el manejo delictivo que hizo de su cargo.

En todo caso, lo que hay que recordar es que necesitamos que los procesos jurídicos sirvan para dirimir responsabilidades penales o administrativas ante los tribunales y no ante los medios de comunicación. Necesitamos fiscales que hagan bien su trabajo y no que se la pasen dando entrevistas y buscando el reflector mediático.

La causa de la justicia queda extraviada cuando se le pretende defender no en las salas de audiencia, sino en la radio, la televisión y las primeras planas de los periódicos.

Aprovechando el escándalo reciente por lo sucedido en la FEPADE, deberíamos entre todos ver los resultados que objetivamente se han logrado desde esa Fiscalía en términos de sentencias condenatorias que hayan quedado firmes. ¿De qué sirve que se inicien tantas carpetas de investigación si luego los casos se caen cuando llegan a tribunales por el deficiente trabajo realizado?

Y habría que analizar también qué tipo de casos persigue la FEPADE. Durante años sus titulares se caracterizaron por vivir “becados” y se la pasaron dando conferencias académicas o inaugurando eventos, sin haber logrado sacar adelante ningún caso de alto perfil. Los miles de millones de pesos que ha recibido la Fiscalía Especializada se han dirigido a perseguir únicamente cuestiones sin relevancia. Ante los tribunales no se han logrado sentencias que nos permitan afirmar que se ha hecho un trabajo con excelencia. También eso habría que analizarlo y no solamente sumarse al escándalo de moda.

Lo que queremos y tenemos derecho a exigir son resultados, no entrevistas en medios de comunicación. Juicios ganados, no conferencias académicas. Audiencias celebradas y bien defendidas, no boletines de prensa. Trabajo de escritorio y trabajo de campo, no viajes de turismo burocrático. ¿Es mucho pedir?

Investigador del IIJ-UNAM.
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