Veterinarios acusan explotación en EU

Empresa lechera Funk Dairy los contrató con engaños, denuncian

A los mexicanos los obligaban a trabajar de 9 a 14 horas al día, seis días a la semana, en condiciones excesivas e insalubres. (CORTESÍA)
Metrópoli 17/01/2017 01:12 David Fuentes Actualizada 01:12
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La búsqueda del sueño americano terminó en una pesadilla para seis veterinarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la Autónoma de Zacatecas; pensaron que por fin habían logrado un trabajo de excelencia al ser contratos por la empresa lechera Funk Dairy, del estado de Idaho, en Estados Unidos.

La empresa les prometio altos salarios, bonificaciones, alojamiento gratuito y transporte entre México y Idaho, les dijo que serían contratados “para desarrollar, implementar y supervisar la reproducción animal efectiva, la nutrición, la salud animal y los programas relacionados con la industria lechera”.

Sin embargo, al llegar al lugar fueron sometidos a jornadas agotadoras de trabajo, los obligaban a trabajar hasta 14 horas seguidas, sin derechos a los alimentos, viviendo además en condiciones insalubres, por lo que a pesar de las amenazas decidieron denunciar el hecho a las autoridades norteamericanas y, ahora, con asesoría de organizaciones que luchan por los derechos humanos de los inmigrantes, sostienen una batalla legal contra Funk Dairy.

Debido a las condiciones precarias e insalubres en la que vivieron poco más de cuatro años, uno de los veterinarios mexicanos perdió un dedo y no recibió atención médica.

Los obligaban a trabajar de 9 a 14 horas al día, seis días a la semana, como peones generales. Sus tareas incluían ordeñar vacas, limpiar sus excrementos con palas, recoger la basura manualmente, barrer y limpiar las áreas de cuidado animal, lavar los vehículos de la compañía, todo en condiciones excesivas, agotadoras e insalubres.

Los jóvenes son apoyados por el sindicato de jornaleros agrícolas United Farm Workers (UFW), la histórica organización creada por el activista César Chávez; así como la asesoría y la ayuda del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, con quien el sindicato tiene un acuerdo de colaboración para apoyar.

Con la ayuda del UFW presentaron una demanda federal donde se alega una amplia "conspiración criminal bajo la ley RICO (la Ley de Organizaciones Estafadoras, Criminales y Corruptas, por sus siglas en inglés), que prevé penas criminales extendidas.

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