David Sánchez dice que es “político” su arresto

rebeca.jimenez@eluniversal.com.mx

Naucalpan, Méx.— La Junta de Coordinación Política de la Legislatura mexiquense autorizó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) interponer denuncia penal en contra del alcalde con licencia David Sánchez Guevara, informó el juez Eduardo Guadarrama.

En la audiencia de vinculación a proceso por el delito de peculado los abogados defensores del político naucalpense señalaron que el origen de este juicio es político, por lo que informaron que interpondrían denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A menos de tres meses de concluir su gestión los dirigentes de las fracciones parlamentarias de los partidos políticos autorizaron al OSFEM interpusiera denuncia penal en contra del alcalde priísta con licencia, David Sánchez Guevara, quien fue detenido el 20 de agosto y cumplió mes y medio preso, primero en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, de donde fue trasladado el 14 de septiembre al penal de alta seguridad de Tepeachico, en Otumba, al ser vinculado a dos procesos por peculado que ascienden a más de 9 millones de pesos

En la audiencia del 26 de agosto —día en que David Sánchez fue vinculado a al primer proceso penal por el delito de peculado al pagar 408 mil pesos a la constructora Mimiaga Hernández, por un andador vecinal que no hizo y no existe en la colonia San Rafael Chamapa— el juez informó que el Ministerio Público abrió una investigación, tras de que la Junta de Coordinación Política de la 58 Legislatura, ordenó al OSFEM interponer denuncia el 22 de julio de 2015.

Esto luego de que el órgano concluyó auditorías financieras al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y una ampliación de auditoria al 31 de mayo de 2015 y detectó irregularidades en el manejo de recursos públicos, como el pago del andador que nunca fue realizado.

Sánchez enfrenta dos procesos por peculado, pues el Ministerio Público logró vincularlo a un segundo juicio, por el pago de 9 millones de pesos por uniformes para sindicalizados que presuntamente no fueron recibidos en el almacén del ayuntamiento de Naucalpan; en tanto que por presuntas irregularidades en el pago de 5 millones de pesos del programa “banqueta digna”, la defensa del político priísta naucalpense logró una suspensión a través de un juicio de amparo, que habrá de resolverse en breve.