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Diputados locales de Morena, PAN, Partido Humanista y PRI recriminaron al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Felipe de Jesús Gutiérrez, el descontrol urbano en el que está la capital del país y le demandaron no ser cómplice de la corrupción.
A lo que de inmediato, desde tribuna, el titular de la Seduvi responsabilizó a la administración del ex jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, de ser la causante del crecimiento urbano que ha provocado el desplazamiento de la población hacia zonas rurales y suelo de conservación.
“Este proceso de desplazamiento de población se agudizó a partir de las políticas establecidas en el Programa General de Desarrollo Urbano aprobado en diciembre de 2003, en el que se establece que el crecimiento se oriente en exclusiva a la llamada ciudad central, con lo que se incentivó la especulación y se elevó el costo del suelo”, precisó.
La diputada de Morena María Eugenia Lozano se subió al tema para defender al obradorista y advertir que fue con Marcelo Ebrard que se empezaron a modificar los usos desuelo para “hacerlos a modo”. Dijo que a la fecha hay 88 cambios que se realizaron a contentillo y no a favor de los capitalinos.
El funcionario admitió que es un tema que se debe dialogar e incluso que entendía la visión y preocupación de los legisladores de oposición. .
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El PRD alzó la voz a través del diputado Raúl Flores, para convocar a partidos y sociedad en general a construir una alianza por la vivienda popular.
Adelantó que se promoverá la creación de una figura de ombudsman o interventor urbano con una reforma a fondo de la Procuraduría de Ordenamiento Ambiental y Territorial (Paot), para dotarla de facultades y lograr que sea una defensora de los capitalinos.
Gutiérrez dijo en entrevista que una alternativa sería revivir la Norma 26, pero con dientes para hacerla estricta.
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Informó que al momento hay 208 quejas por violaciones de uso de suelo, juicios de lesividad y procesos abiertos para la revocación de los certificados y la aplicación de sanciones a través de la Fiscalía de Delitos Ambientales.
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