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Mientras la audiencia de control se realizaba en una sala de la llamada Ciudad Judicial; afuera, familiares, amigos y defensores de los derechos humanos protestaban por las “irregularidades” durante el proceso; además, exigieron que el suicidio de Lesvy sea calificado como feminicidio y que el novio de la joven sea castigado de manera ejemplar.

Poco más de 100 personas se reunieron afuera de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, en Sullivan. La madre de la joven, Araceli Osorio, tomó un micrófono y explicó que su hija fue víctima del sistema, pues nunca atendieron la violencia que su pareja sentimental ejercía sobre ella.

Reveló que el imputado ya la había golpeado antes, porque quería terminar con él.

También recriminó a las autoridades la insensibilidad con la que actuaron desde el principio, pues la estigmatizaron y la revictimizaron.

Ahora, detalló, buscan minimizar el incidente, calificándolo como suicidio. Asegura que nunca tuvieron acceso al expediente y, a pesar que aportaron otras pruebas así, como la revisión de varias horas de video, la Procuraduría Capitalina hizo caso omiso a sus peticiones.

“Voy a pedirles que, a partir de este momento, se revise lo que se ha presentado por parte de nuestra defensa, porque ella no tiene vida para defenderse y quieren abusar de eso, otra vez revictimarla, pero no lo vamos a permitir. Ella no puede defenderse, pero tiene a su madre y a muchos amigos que levantarán la voz para que esto no quede impune”.

“[Jorge Luis] debe ser castigado, quiero pedirles como madre que se haga justicia, quiero pedirle [al juez] que sea congruente con la responsabilidad que tiene, que no se permita que un feminicida más esté en las calles”, agregó.

Señaló que no existe ningún video que muestre el momento del supuesto suicidio, pero sí donde se aprecia al joven tomar una correa del perro y golpearla en la cara.

Una activista que participó en la manifestación indicó que se trata de un feminicidio: “Nos solidarizamos con la familia de Lesvy y exigimos a las autoridades que permitan acceso a las grabaciones de las cámaras de vigilancia y el archivo”.

“Proponemos la conformación de una comisión investigadora, independiente de las autoridades y de cualquier institución del Estado, conformada por estudiantes, trabajadoras, académicas, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos”, apuntó.

Organizaciones como el centro Fray Francisco de Vittoria, Colectivo de Maíz, Central de Estudiantes Universitarios, Pan y Rosas y Bohemia Subterránea demandaron no cerrar el caso.

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