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A cuatro años del caso Heaven, dónde doce jóvenes que se encontraban en el bar Heaven, fueron llevadas en contra de su voluntad en distintos vehículos y días después encontrados sin vida, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad y a la Procuraduría General de Justicia capitalina a dar cumplimiento total a la recomendación 19/2013.

El 21 de octubre de 2013, la CDH local emitió la recomendación por falta de protocolos específicos para la investigación y atención de casos de desapariciones de personas en la Ciudad de México, la cual fue dirigida a la PGJ local como autoridad responsable y a la Secretaría de Gobierno en calidad de autoridad colaboradora.

A la procuraduría capitalina se le recomendó indemnizar como medida de reparación del daño; investigar y sancionar a las personas responsables, y culminar las investigaciones sobre desapariciones.

De la misma forma, como medidas de no repetición, se le requirió diseñar un mecanismo eficiente para estandarizar los procesos de investigación del delito de desaparición de personas y para la búsqueda inmediata de personas desaparecidas con vida; así como capacitar al Ministerio Público y a sus auxiliares en temas de desapariciones, extravíos y ausencias, e impulsar un plan de prevención del delito en colaboración con otras instituciones.

A la Secretaría de Gobierno, como autoridad colaboradora, se le pidió que impulsara un plan de prevención del delito y el acceso a apoyos de programas sociales para familiares de las personas agraviadas desaparecidas y evaluar la Política de Juventud para tener garantías de no repetición e impulsar un plan de redignificación de Tepito.

Al respecto, la CDH local reconoció que durante el último año hubo avances en la reparación del daño, al indemnizar a varias de las víctimas indirectas, pero hace un llamado a las autoridades recomendadas para que den continuidad a dichas acciones hasta culminar con la indemnización de la totalidad de las víctimas. También, que se materialice la inserción a programas sociales de las personas agraviadas que continúan esperando recibir los beneficios ofrecidos.

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