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Magistrados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) echaron para atrás la sentencia que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina logró en contra de dos ex funcionarios por el caso de la Línea 12, relacionados con el probable uso ilegal de atribuciones y facultades en la construcción de ésta.
Se trata de Manuel Martínez Juárez, ex subdirector de Costos y Concursos, y Abraham Vizcarra, ex jefe de la Unidad Departamental de Concursos, quienes continuarán inhabilitados por 15 años para ejercer cualquier cargo público.
La PGJ local informó que mediante un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impugnará el amparo directo concedido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a estos dos ex servidores públicos explicó que la Contraloría General de la Ciudad de México los inhabilitó por 15 años para ejercer cualquier cargo público.
La dependencia capitalina refirió que quedó en evidencia que en su decisión el Tribunal Colegiado no consideró ilícito que los servidores públicos hayan emitido una opinión favorable para adjudicar directamente un contrato de supervisión de obra, cuando la licitación de ésta había quedado desierta, “lo que para la autoridad representa un claro fraude a la ley, pues de esa opinión derivó un contrato por adjudicación directa de la supervisión de una obra que no se iba a realizar”.
En 2014 la Contraloría Interna de la Secretaría de Obras inició un procedimiento administrativo contra el ex subdirector de Costos y Concursos y el ex jefe de Unidad Departamental de Concursos, de esa dependencia, por irregularidades en la asignación del contrato número 12. 07 CD 03.M.3.011, a favor de una empresa, por un monto de un millón 70 mil 520 pesos y 13 centavos, para la supervisión de la construcción del Proyecto Integral para la construcción de la Policlínica Tláhuac-Mixcoac.
Ante esta situación, la Contraloría dio vista al agente del Ministerio Público de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, toda vez que los hechos que les fueron imputados también podrían ser constitutivos de ilícitos cometidos por ambos.
Luego de diversas investigaciones, la Contraloría de la Ciudad de México los encontró responsables, inhabilitándolos por 15 años. Dicha determinación se encuentra vigente y es a la fecha materia de litigio por parte de los ex servidores públicos.
En tanto, en materia penal el Ministerio Público ejercitó acción penal contra ambos ex trabajadores por el delito de uso ilegal de atribuciones, siendo procesados y sentenciados por la Tercera Sala Penal de la Ciudad de México a una pena de prisión de un año 15 días, la cual se conmutaba por una multa, además de una inhabilitación de seis años con seis meses. Por tratarse de un delito no grave, los funcionarios no pisaron la prisión, pues pagaron una caución para enfrentar el libertad el proceso.
Por dicha resolución, los servidores públicos promovieron amparos ante un Tribunal Colegiado que determinó concedérselos y dejar sin efecto la sentencia penal que los condenaba.
En el caso de la Línea 12 existen 37 probables responsables, a los que les giraron orden de aprehensión por las irregularidades encontradas en la construcción, entre ellos: Enrique Horcasitas, ex director del proyecto Metro; José Pascual Pérez, ex director de Administración de Contratos del Proyecto Metro, y Juan Carlos Mercado, ex subdirector general de Administración y Finanzas del STC.
