Quitan último resquicio de plusvalía en la Constitución

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La comisión de Principios Generales eliminó del artículo 26, el contenido relacionado con plusvalía, que se incluía en el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México.

Al aprobar ayer su dictamen final, los diputados suprimieron el numeral 8 que decía que “serán objetos de gravamen el aprovechamiento inmobiliario y la generación de plusvalías derivadas de la infraestructura urbana por el uso del suelo, del espacio público y edificable.

La coordinadora de la bancada del PRD, Dolores Padierna, comentó que la redacción era desafortunada, por lo que ahora se va a sustituir el párrafo con el artículo 122 apartado A fracción V de la Constitución General de la República, el cual establece lineamientos sobre contribuciones que se podrán exigir a desarrolladores inmobiliarios para “recuperación de plusvalías”.

La legisladora aclaró que además se plantea en el dictamen un ordenamiento para que el próximo Congreso local elabore una ley reglamentaria sobre esta contribución para especificar su aplicación.

Dijo que no se trataba de un nuevo impuesto y agregó que se reunió con el titular de Finanzas, Édgar Amador, para aclarar esta situación, al tiempo que se analizó que esta contribución en otros casos también ha sido llamada derecho a la edificación, “pero eso ya lo decidirá el legislador local” que sea electo en 2018.

Se politizó. El tema de la plusvalía se politizó y la discusión no permitió aclarar que el jefe de Gobierno proponía legalizar las negociaciones con las inmobiliarias para crear obras de mitigación en la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gobierno capitalina.

“Las obras de mitigación son estas obras que ya existen y se acuerdan con las delegaciones o la Seduvi, pero que no tiene un orden, son discrecionales, lo que propuso el jefe de Gobierno en la Constitución es que esto ya quede establecido (...) pero incluso las inmobiliarias se pueden amparar, si no les das la autorización de construcción por parte de Seduvi o por la delegación, se pueden amparar y no hay nada que impida, y no se hacen obras de mitigación en la zona”, comentó la funcionaria.

Patricia Mercado señaló que por lo pronto no quedará en la Constitución, sin embargo, la Asamblea Legislativa prometió redactar de otra manera esta obligación que ya existe.