Red de corrupción apoyó fuga de secuestradores

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Por la fuga de los secuestradores Agustín Miranda Orozco y Roberto Sánchez Ramírez, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación que además de los dos custodios involucrados se amplió a 10 elementos de seguridad del sistema penitenciario, empleados del área de archivo del juzgado 20 y podría extenderse a los juzgados 60 y 25 de lo penal, quienes pidieron el lunes la comparecencia de los internos.

Una de las líneas de investigación apunta hacia la posible colusión del personal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ya que los dos sujetos rompieron con pinzas los barrotes, además del muro de tablaroca. Además salieron por la puerta principal de los juzgados.

Otro de los aspectos que llama la atención es que existía una orden de comparecencia en “calidad de urgente” para Agustín Miranda, de parte del Juzgado 60 de lo penal, mientras que en el 25 se solicitó la presencia de Roberto Sánchez para realizarle una entrevista mensual, aunque ambos ya tenían una sentencia firme.

Los custodios detenidos, Juan Casados Gutiérrez y Jesús Peña Cid, tenían la responsabilidad de vigilar a los internos; El Ministerio Público indaga la posible participación de otros 10 elementos, entre los que está un jefe de turno del Sistema Penitenciario.

Supuestamente, de última hora, empleados del Tribunal les notificaron a Agustín y Roberto que la audiencia se realizaría en el juzgado 20, la distracción desató una “confusión” entre custodios, quienes violaron todos los protocolos de seguridad y por varios minutos dejaron solos, sin esposas y juntos a los secuestradores.

Ese momento lo aprovecharon para cortar las rejas, cinco barras de acero que los separaba de otros juzgados, romper una pared de tablaroca y un cristal de una ventana del juzgado. Según los custodios, este trabajo les tomo aproximadamente 20 minutos, en el que además los fugados se cambiaron de ropa y caminaron al estacionamiento del penal.

La procuraduría local inició peritajes para determinar qué herramientas usaron, cuánto tiempo les tomó hacer el trabajo y si alguna otra persona se pudo percatar de los ruidos. Empleados del Tribunal dijeron que debido a la construcción de los nuevos edificios, los martillazos y la maquinaria pesada se pudieron confundir.

El Ministerio Público solicitó los videos de las cámaras de seguridad del Tribunal y del Sistema Penitenciario, en el que se dice que hay imágenes en las que se observa que las personas cambian de ropa —la cual se desconoce su procedencia o quién se las dejó en medio del pasillo de vigilancia— y otra en la que caminan hacia el estacionamiento donde ya los esperaba un vehículo, sin que se den a conocer las características de la unidad.

En diversas entrevistas, Hazael Ruiz manifestó que la seguridad de los juzgados corresponde al Tribunal, instancia que aclaró que ellos sólo cuidan al personal.

La Comisión de Derechos Humanos local inició una investigación de oficio y recordó que desde 2010 ha hecho evidente la necesidad de que se fortalezcan los sistemas de seguridad en los centros de reclusión a través de la implementación de mecanismos confiables y precisos para la vigilancia y monitoreo permanente que garanticen tanto la seguridad institucional como la población penitenciaria, visitantes y servidores públicos y, con ello prevenir este tipo de eventos.