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El grupo parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México busca eliminar funciones a la Seduvi para otorgar al órgano legislativo local las facultades de planeación de programas de desarrollo urbano.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea, Margarita Martínez Fisher, propuso la derogación de los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano y que hoy en día permiten cambios en el uso de suelo de forma discrecional.

Opinión contraria emitió el vicecoordinador del PRD en la Asamblea, Raúl Flores, quien afirmó que la Asamblea legisla y no tiene que estar viendo Usos de Suelo.

“Quien tiene la capacidad técnica para determinar si un Uso de Suelo procede o no es la propia Seduvi, que depende del jefe de gobierno [Mancera]”, dijo.

El tema será discutido en los próximos días en comisiones y ahí la diputada panista insistirá en la pronta aprobación para evitar que desarrolladores privados realicen obras a costa del interés público, al generar un contrapeso entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo de la Ciudad de México.

Dentro de las propuestas de Acción Nacional están también la creación del Instituto de Políticas Públicas para el Desarrollo e Infraestructura Urbana como una Unidad Administrativa, con carácter técnico e imparcial.

Dijo que con estas nuevas instituciones en el ámbito de la Asamblea, se propiciará la planeación de la Ciudad, en un entorno de transparencia y máxima publicidad, lo que generará una visión integral del ordenamiento del territorio

“No es posible que el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México continúe sin actualizarse desde 2003, y en casos como el Programa Delegacional de Cuajimalpa han permanecido sin cambios desde 2007, lo que pone en evidencia la incapacidad del Gobierno de la Ciudad para generar proyectos integrales y de largo plazo en los últimos 13 años”, sostuvo la panista.

Martínez Fisher detalló que en la VI Legislatura se recibieron 88 propuestas de modificación, de las cuales el 57% fueron aprobadas.

“Al trasladar los poderes a la Asamblea, se asegura que los derechos colectivos estén por encima del interés particular, se garantiza certeza jurídica y sustentabilidad en el largo plazo”, dijo.

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