Consultas ¿ejercicios reales o simulación?

María Colín

Un nuevo sexenio, una nueva administración, puede y debe ser una oportunidad de cambio, una oportunidad de hacer de las consultas un ejercicio real de participación y no, como hasta ahora, una justificación, un mero trámite.

La experiencia que han tenido las comunidades indígenas del municipio de Hopelchén, Campeche ha sido que el proceso de consulta en torno a la siembra de transgénicos, en lugar de ser un espacio de toma de decisiones y de reivindicación de sus derechos, se ha manejado como una mera simulación.

Tan es así que, aunque en el año 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
canceló el permiso de soya genéticamente modificada (GM) otorgado a la empresa Monsanto en 2012 hasta en tanto no se llevara cabo una consulta indígena apegada a altos estándares internacionales: previa, libre, informada y culturalmente adecuada, hoy, dicha consulta no ha podido llevarse a cabo y la soya transgénica ahí está, sembrada de forma ilegal.

Sí, el máximo tribunal del país encargó a funcionarios de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y de la CDI llevar a cabo esta consulta. Hoy, por actos y omisiones que han afectado los derechos humanos de las comunidades mayas en el marco de la consulta indígena y por faltar a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo e imparcialidad contemplados tanto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas como en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, habitantes de comunidades indígenas del municipio de Hopelchén, Campeche denunciaron ante la Función Pública a Sol Ortiz García, Titular de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem); y a Marco Antonio Ramírez Velázquez, Subdirector de Políticas y Normatividad Internacional de la misma Cibiogem, ambos adscritos al Conacyt.

La denuncia incluye también a David Mendoza Gaytán, Subdirector de Diseño y Operación de la Consulta de la CDI; y a David Ricardo Chay Vela, Director de la CDI con sede en Hopelchén, Campeche.

Y es que los funcionarios denunciados no han logrado impedir que se siembre soya transgénica de manera ilegal en los ciclos agrícolas 2016, 2017 y 2018, conllevando un sentimiento de injusticia e impotencia entre las comunidades mayas ante la impunidad que prevalece. Esta omisión ha generado que la consulta que hoy día se realiza no tenga el carácter de previa, permitiendo que se generen daños irreparables a las comunidades afectadas como son: el incremento de fumigaciones aéreas en la región, mortandad de abejas, contaminación de los mantos freáticos por agrotóxicos, afectaciones indeterminadas a la salud de la población, aumento en las tasas de deforestación siendo el municipio de Hopelchén una de las regiones del país más afectadas por este problema, entre otros.

Por otro lado, pese a los acuerdos tomados en las sesiones de consulta, los funcionarios de la Cibiogem y de la CDI negaron reconocer como representantes de las comunidades a las personas que habían elegido conforme a sus propias reglas y procedimientos de representatividad, violando así el derecho a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno de los pueblos indígenas como es la elección de sus propios representantes mayas.

Tampoco se han garantizado las condiciones de seguridad y respeto en las sesiones de la consulta para que las comunidades indígenas puedan desenvolverse en un ambiente de confianza y libre de hostilidades. Hay que destacar que los representantes de las comunidades, a pesar de las distintas agresiones que han recibido por parte de grupos promotores de la siembra de soya transgénica, han insistido en querer evitar cualquier confrontación o acto de violencia con los productores de soya.

Finalmente, los funcionarios de la Cibiogem han asumido una actitud parcial y dolosa con respecto a la información que presentaron ante algunas comunidades consultadas, en el sentido de favorecer la siembra de soya transgénica, negándose a considerar los impactos sociales, culturales y económicos que el modelo de producción agroindustrial está provocando en la región, basado en semillas transgénicas y plaguicidas, muchos de ellos categorizados de alta peligrosidad por organismos internacionales, incluso prohibidos o restringidos en otros países. Los funcionarios denunciados han defendido que los transgénicos por si mismos no causan daños afectando el derecho a la información completa y objetiva que demandan las comunidades.

Lo que esperan las comunidades mayas de Campeche con esta denuncia ante los órganos internos de control del Conacyt y la CDI es que se inicien cuanto antes las investigaciones por los hechos denunciados y se determinen las responsabilidades de los funcionarios, dando un mensaje fuerte y claro para todos los servidores públicos que participan en procesos de consulta indígena similares: no se pueden defender proyectos de inversión en contra de la voluntad y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Hoy en día, las afectaciones a la tierra y territorios de las comunidades mayas de Campeche son evidentes.

Vivimos tiempos de cambio y es momento de dejar de banalizar estos instrumentos de participación pública y de manipularlos para alcanzar objetivos políticos o electorales. Es importante distinguir y reconocer que las consultas indígenas no pueden ser tratadas como un mero trámite administrativo. En realidad constituyen una salvaguarda de los derechos humanos sustantivos de los pueblos indígenas, cuyo objetivo fundamental es la obtención del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades consultadas, debido a las posibles afectaciones al ambiente, a la salud, al trabajo y a su integridad cultural.
 

Campañista legal de Greenpeace México
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