Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, fue intervenida en la madrugada del lunes cuatro de marzo por fuerzas federales y estatales. Las autoridades realizaron cateos y bloqueos en la pequeña localidad que, en el censo de 2010 del Inegi, contaba con 2,727 habitantes. Buscaban a José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, que desde esta deprimida región del Bajío, supuestamente liderea el robo de hidrocarburos. No lo encontraron, detuvieron entonces a un puñado de personas. La acción fue bélica, con tintes de violencia, imitando los viejos ademanes de la Guerra contra el Narcotráfico. El operativo fue bautizado con el desafortunado nombre de “Golpe de timón”.

El combate al robo de gasolinas de esta administración tiene el potencial de convertirse en el mejor ejemplo de combate al crimen organizado sólo si se dejan atrás los viejos estilos de persecución penal como el llevado a cabo en Guanajuato. ¿A qué me refiero? Se requiere menos violencia y más inteligencia, más investigaciones y menos flagrancia. Pero sobre todo, se necesita que la presente administración dirija sus energías en individuos y empresas que más contribuyen al fenómeno. Dirigir la energía al engranaje clave, no al más visible, ni al más débil. Además, debe necesariamente, incluir en la estrategia de persecución penal a los cada vez más seguros responsables de cuello blanco.

El 21 de febrero Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, declaró que se habían bloqueado 226 cuentas bancarias por un total de 925 millones de pesos y 738 mil dólares. Dichas cuentas corresponden a empresas y personas sospechosas de blanquear capitales relacionados con la venta ilegal de gasolinas. Tras estas investigaciones, el funcionario afirmó haber presentado diecisiete denuncias ante a Fiscalía General de la República.

El tipo de investigación delineada por Santiago Nieto es alentadora. Seguir la ruta del dinero, es la mejor forma de combatir redes de macro-criminalidad. De prosperar las pesquisas financieras, se estaría inaugurando un estilo de persecución penal más efectivo en el país y también uno más democrático. Más aún, podríamos llegar a tener, por primera vez, procesos judiciales ejemplares basados en pruebas técnicas, dejando atrás las farsas inaceptables de supuestos capos del crimen organizado detenidos en flagrancia, por portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

Hay detenidos en Santa Rosa de Lima que ya fueron liberados por falta de pruebas. Esto añade una cuenta más al collar de perlas de abusos en el uso de la fuerza. Por su parte, tras lo sucedido en Guanajuato, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, declaró que la detención de objetivos como el Marro no son una prioridad; que lo verdaderamente urgente es combatir la fortaleza financiera del huachicoleo.

Debemos tomarle la palabra a Alfonso Durazo y evitar un nuevo golpe de timón. Democratizar y tecnificar la persecución penal debe guiar la visión de futuro en el combate al robo de hidrocarburos.

Si en un día cercano llegamos a ver a un empresario o a un alto funcionario en el banquillo de los acusados por huachicol, entonces habremos transitado hacia una forma más sensata y más democrática de respuesta institucional al crimen. Habremos explorado criterios de igualdad y de perfeccionamiento de pruebas en materia penal que poco se han visto. Si esto sucede, esperemos que el siguiente intento de golpe a la delincuencia no vuela a convertirse en un timo de golpe.

Abogada. @LaydaNegrete

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