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El lunes pasado concluyó la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. El balance es positivo para el sector privado porque los tres países reconocimos la importancia de este acuerdo para la competitividad y el desarrollo de la región. Concluimos las pláticas en Montreal, Canadá, con un optimismo cauto y con avances significativos.
El sector privado, a través del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI) participó con éxito en las 30 mesas técnicas para llevar adelante la negociación. A lo largo de la ronda, se demostró la flexibilidad de las tres partes para dialogar sobre los temas disruptivos y, gracias al trabajo del equipo técnico, se logró avanzar de manera significativa en telecomunicaciones, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, y Anexos Sectoriales de farmacéuticos, químicos y cosméticos.
Pero aún más importante, durante esta ronda se cerró el capítulo Anticorrupción, que México impulsó desde el sector privado y con el apoyo del equipo negociador. Se trata de un Capítulo ambicioso y sin precedente en cualquier otro tratado comercial a nivel mundial, que aumentará la certeza jurídica de la inversión y obligará a los tres gobiernos a establecer nuevas reglas para fortalecer la integridad en las transacciones comerciales y de inversión en nuestros países.
Por ejemplo, en este capítulo se tipifican los delitos de soborno y enriquecimiento ilícito, forzando a las partes a establecer medidas eficaces de sanción y prevención; se obliga a promover la integridad de los funcionarios públicos y a proteger a los denunciantes en las investigaciones, así como a la correcta aplicación de las leyes que cada país ha adoptado en la materia. De manera complementaria, el acuerdo asume el compromiso trilateral de alentar a las empresas a prohibir pagos por “facilitación” y establece mecanismos de cooperación entre los países miembro.
Una vez más, estamos modernizando el TLCAN para que siga siendo una fuerza de transformación en el país. Hoy el costo de la corrupción para las empresas en México asciende a casi 116 mil millones de pesos y, de acuerdo con Transparencia Mexicana, cada individuo en el país destina 14% de su ingreso promedio anual a pagos extraoficiales. Es impostergable que México tome medidas que combatan de manera importante el cáncer de la corrupción. Y, si bien los compromisos internacionales nos pueden ayudar a avanzar este objetivo, los mexicanos tenemos que trabajar desde ahora para fortalecer los mecanismos e instituciones que nos permitan alcanzarlo.
Es necesario que se consolide el Sistema Nacional Anticorrupción realizando los nombramientos que hacen falta, concretando los cambios jurídicos y dotando los recursos necesarios para fortalecer su actuación independiente. Aún están pendientes los nombramientos del Fiscal Anticorrupción, el Auditor Superior de la Federación, un miembro del Consejo de Participación Ciudadana, así como también falta armonizar la legislación local de varios estados del país.
La lucha contra la corrupción debe realizarse a lo largo y ancho del sistema político mexicano. El Sistema Nacional Anticorrupción no es exclusivo del orden federal de gobierno, sino que exige el compromiso de estados y municipios para su pleno funcionamiento. Tenemos que impulsar su implementación en todas las entidades federativas.
El sector privado está impulsando un marco internacional que nos obligue a avanzar en el combate a la corrupción, pero es indispensable que sigamos adelante desde el ámbito interno. Hoy depende de nosotros hacer frente a este problema que es un lastre para el desarrollo; reduce nuestra capacidad para hacer negocios, inhibe la inversión, fomenta la impunidad y amenaza la representatividad de nuestra democracia. Las acciones que tomemos ahora para cerrar los espacios a la corrupción serán la base de una sociedad más justa, próspera y equitativa para todos.
Presidente del Consejo Coordinador
Empresarial. @jpcastanon
