Comunidad y otro tipo policía para la seguridad

En los últimos años, el país ha presentado un crecimiento sin precedentes de la violencia y criminalidad. Los distintos esfuerzos de diversos actores para enfrentar el problema terminan diluidos frente a la crisis. En este sentido, no es suficiente hacer sentir presencia del Estado en las comunidades para inhibir el delito y las expresiones de violencia. Para fortalecer las condiciones de seguridad se requiere una mayor intervención de las organizaciones comunitarias.

En los últimos años, las expresiones de inseguridad y violencia han venido creciendo en gran parte del país. De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2019) la intensidad en que se presentan diversas conductas delictivas ha venido al alza. Por ejemplo, del lado de las violencias, se llegaron a niveles nunca vistos. En 2015, se abrieron 16 124 carpetas de investigación por perdidas de vidas por acciones intencionales, y desde entonces, la tendencia no ha bajado; más bien parece no haber un techo, para 2018, el número de denuncias por homicidio doloso llegó a 28 809, esto significa crecimiento de 78.67% en estos años. El feminicidio, por su parte, durante el mismo periodo, tuvo un comportamiento mucho más crítico, pues las denuncias aumentaron a razón de 107.62%, al pasar de 407 carpetas a 845, de 2015 a 2018, respectivamente. Situación similar se presenta con otros delitos que impactan la libertad y patrimonio los mexicanos, en el caso de robo de automotores creció en 25.19%, en tanto que la denuncia extorsión tuvo una variación al alza de 21.53%.

En el marco de estas condiciones, las autoridades, en sus distintos niveles, han puesto en marcha una serie de medidas para intentar reducir estos índices de violencia e inseguridad. Por ejemplo, se han incrementado las leyes para aumentar las penas de algunos delitos en los últimos años, aunado a que, en varias ciudades, se ha extendido una visión de cero tolerancia ante conductas antisociales menores. Y en los últimos días, a pesar de que el actual gobierno federal presume marcar distancia con el pasado, se ha ampliado el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, con lo cual podemos pensar que hay una especie de continuidad en la materia.

A su vez, se ha dado un aumento de la capacidad de fuerza del Estado en varias entidades y municipios, reflejado en la cantidad de policías disponibles, y en un mejoramiento de su formación. En tanto que, el gobierno federal, además de contar con policías, ha echado mano de las fuerzas armadas para hacer frente al crimen organizado. Y aunque se ha documentado que la estrategia de seguridad respaldada por el uso de la fuerza castrenses incrementa la violación de los derechos humanos, en las últimas semanas parece que el gobierno central ha decidido darle continuidad, al proponer una guardia nacional con una genética militar.

Sin embargo, como hemos podido ser testigos estas acciones no están funcionando, de hecho, parecen complejizar aun más las condiciones de incertidumbre en la que viven millones de mexicanos.

¿Cómo esperar resultados distintos cuando parece haber reforzamiento de las medidas del pasado? ¿Qué otras opciones se deben explorar para reducir los delitos que afectan a los distintas regiones y comunidades del país? ¿Si la policía y el incremento de la capacidad punitiva no están funcionando qué otras alternativas se deberían tomar en consideración?

No estamos diciendo que se deba reducir las fuerzas policiacas del país. Al contrario, es necesario que sigan creciendo en número, pues la gran mayoría de las entidades, a excepción de la Ciudad México, no cuentan con el estándar mínimo de número policías entre la población que indica la Organización de la Naciones Unidas (SEGOB; 2017). Pero, lo que se requiere es un modelo distinto del quehacer policial. Una policía más cercana a las necesidades y problemas de la población, que no sólo reaccione frente al delito, sino que esté presente como mediador frente a los posibles conflictos que se generan al interior de las comunidades y como gestor para reducir las fuentes que promueven la percepción de inseguridad.

Pero, además de más policías con habilidades distintas a las acostumbradas, es central incrementar la capacidad organizativa de las comunidades para promover la seguridad. Sin embargo, debemos matizar que no es suficiente promover mayor las expresiones asociativas, sino que es importante que este recurso este dirigido a las acciones para reducir la criminalidad (Morenoff, et. al., 2001). Decimos que la densidad organizativa y sus redes de interacción no son suficientes, pues como lo hemos visto, en algunas comunidades, la organización y sus redes han operado para auspiciar actividades ilícitas, generándose una especie de capital social negativo.

Entonces, una ruta alternativa para promover seguridad de manera más efectiva podría ser un camino del perfil de quehacer policial, con una organización de la comunidad enfocada a reducir la inseguridad.

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano
@DonJAngel
@ObsNalciudadano