“El Plan Nacional de Desarrollo es político y social, no económico”, dijo AMLO a los gobernadores antes de enviarlo a la Cámara de Diputados.
Por eso, el PND debe leerse y juzgarse desde esa óptica, ya que contiene explícitamente los objetivos de este gobierno y los instrumentos para llevarlos adelante. No es, pues, propiamente un Plan, sino un manifiesto político con las promesas de campaña de AMLO, aderezado demagógicamente con un discurso para justificar su registro en La Historia.
Parte de la idolatría por el “desarrollo estabilizador... que se caracterizaba por una fuerte presencia del sector público en la economía”, mediante diversos mecanismos, en oposición al “modelo neoliberal” que se caracterizó por establecer “sistemas clientelares... y el parcelamiento de las facultades gubernamentales en comisiones y organismos autónomos”.
“Lo peor de los 36 años de neoliberalismo” —dice— fue la destrucción del viejo contrato social surgido de la Revolución y su incapacidad para sustituirlo por un nuevo pacto. “En ese lapso no pudieron dotarse de una nueva constitución”. Así, continúa, “a fuerza de mentir... llegaron al total agotamiento de su credibilidad”. “El documento tendrá carácter histórico porque marcará el fin de los planes neoliberales”, y “será inspiración para otros pueblos”.
Son las tesis esenciales de una “filosofía política” opuesta a la realidad, en la que todo lo que critica lo multiplica, como los programas clientelares, defensa de un Estado-gobierno que construye infraestructura y que busca producir para “sustituir importaciones” en un mundo globalizado. Falso que con AMLO hay “acatamiento al orden legal, o la separación de poderes, el respeto al pacto federal y observancia de los derechos sociales... empezando por los derechos humanos”. Es un gobierno que actúa al margen de la ley y por encima de la Constitución, avasalla a los poderes, golpea a los órganos autónomos, anula a los gobiernos locales y suprime derechos sociales.
Falso que vaya a “acabar con la corrupción”, con el 80% de los contratos asignados sin licitación y sin fiscales autónomos y falso, también, que habrá un gran crecimiento económico, pues el desastre está a la vista, como falso que “separe el poder político del poder económico”, y que es “respetuoso de los pueblos originarios, sus usos y costumbres”.
Hay demasiada demagogia en todos los temas, como ya muchos analistas han denunciado. La realidad va en sentido opuesto. Pero lo fundamental está en los apartados sobre “democracia participativa” y “revocación de mandato”: Ahí sostiene que el cambio del 2018 “debe ser conducido a una forma superior de ejercicio del poder: la democracia participativa”, ello en clara oposición a la democracia representativa, que sería “una forma inferior” de la democracia.
Por ello, al retomar el principio constitucional sobre “el derecho del pueblo de cambiar en todo tiempo la forma de su gobierno” cree que ahora tendrá la “posibilidad de concretarse” por primera vez mediante “la revocación de mandato” y someter “a consulta las decisiones estratégicas de interés nacional”.
Aquí está contenido lo que AMLO quiere para sacar adelante sus decisiones ya tomadas, con consultas amañadas e ilegales, aparecer en la boleta en 2021 para seguir en campaña y, hacia el 2024, buscar la reelección. La prueba mayor de su capacidad para diferenciarse de los “neoliberales” es la construcción de “un nuevo pacto social”, es decir, “una nueva constitución”, obviamente apegada a sus propósitos regresivos y autoritarios.
Por ello, tienen razón los analistas de que el llamado PND no está respaldado por el rigor de las cifras. AMLO mismo dice que su objetivo “no es producir cifras y estadísticas armoniosas, sino generar bienestar para la población”, o sea sus clientelas electorales con el dinero público de todas y de todos.
Y, como no es ningún Plan de Desarrollo, la Cámara de Diputados debe rechazarlo y obligar a que se presente otro que sí lo sea.
Exdiputado federal
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]













