Seguridad interior

Desde hace años, los mexicanos hemos venido padeciendo un deterioro de la seguridad. El reclamo más importante de la ciudadanía hacia el gobierno es precisamente su incapacidad para garantizar dicha seguridad a todos. También se ha reflexionado y discutido las causas de esa situación y opciones de política pública para mejorarla.

La opinión pública coincide, en lo fundamental, en cinco puntos. Primero, la inseguridad prevaleciente es intolerable e inaceptable. Segundo, en cinco años, esta administración no pudo concretar una estrategia de seguridad eficaz, sobre todo en cuanto al fortalecimiento de las policías locales, como instrumento fundamental para combatir el tipo de delitos asociados a esa inseguridad. Tercero, debido a lo anterior, el gobierno federal ha tenido que continuar echando mano de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad interior, que permitan salvaguardar la permanencia y continuidad institucional, el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho, y la gobernabilidad democrática en el territorio nacional. En reiteradas ocasiones, las Fuerzas Armadas han expresado su insatisfacción con la situación prevaleciente, en particular por carecer de un marco normativo completo y moderno, que regule su presencia.

Cuarto, la hasta ahora indispensable participación de las Fuerzas Armadas debe ser temporal, para lo cual es necesario concretar una política de seguridad pública basada en el fortalecimiento y depuración de las policías federal, estatales, y municipales. Quinto, la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior debe hacerse en coadyuvancia de las autoridades civiles y con estricto respeto de los Derechos Humanos.

Aunque no sin excepciones, es palpable el acuerdo de la ciudadanía respecto a esos cinco puntos, y su frustración porque no se avanza en resolverlos. A pesar de lo adelantado de su administración, afortunadamente el presidente Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa de Ley de Seguridad Interior. Hubiera sido una gran irresponsabilidad dejar pendiente este asunto, indispensable para corresponder con un marco jurídico claro, a la invaluable contribución que las Fuerzas Armadas han hecho al combate al crimen organizado durante estos años. Al mismo tiempo, era necesario reafirmar y subrayar el principio de un apego irrestricto al respeto de los Derechos Humanos en tareas de seguridad nacional, de instancias militares y civiles.

Como era de esperarse, la iniciativa generó una discusión intensa entre el Congreso de la Unión y algunos sectores de la ciudadanía. Es de congratularse que este debate sobre un tema tan polémico se haya dado en el marco de las instituciones. El Presidente de la República envió al Congreso de la Unión la iniciativa en cuestión, para que sea éste quien, en su seno, debata y defina los términos exactos de la mejor iniciativa. Corresponde al Congreso esa tarea, escuchando opiniones de los ciudadanos y sus organizaciones. La responsabilidad del contenido de la Ley será del Congreso, pero conforme al marco institucional existirá la posibilidad de que, quien no esté de acuerdo, acuda al Poder Judicial para plantear sus controversias. De darse el caso, será la Suprema Corte de Justicia quien resuelva acerca de esas diferencias, también como le corresponde.

Es entendible la crítica acerca de que, en el mejor de los casos, esta iniciativa sólo resuelve uno de los aspectos de la problemática de seguridad interior, precisamente porque no se presentó en paralelo, ni parece estar en puerta una propuesta de política pública sobre la reorganización de las fuerzas policiacas, los ministerios públicos, y los propios tribunales para que, finalmente, México acceda a instituciones y sistemas modernos de seguridad pública.

Toda ley es perfectible, pero es mejor que exista una a continuar con un vacío de muchos años, que no definía ni un marco normativo para la participación de las Fuerzas Armadas, ni ponía énfasis en la observancia de los Derechos Humanos, ni establecía temporalidad.

La población demanda que continúe la participación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la carencia de fuerzas policiacas eficaces no puede subsanarse de manera permanente por la presencia de las Fuerzas Armadas. Queda pendiente materializar una estrategia de modernización de los cuerpos policiacos, de todos los ámbitos, que permita regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.

Presidente de GEA Grupo de
Economistas y Asociados / StructurA