Educación superior y Estado de derecho

Acaso el gran tema del tiempo mexicano en estos días cruciales sea, como recordaba Octavio Paz, avanzar desde la nación retórica al Estado de derecho. Es decir, resolver el divorcio entre un conjunto de reglas avanzadas de convivencia y la realidad de su aplicación. El Estado de derecho, en efecto, es la prueba mayor del desarrollo de las sociedades: lo que se proponen en sus normas y lo que en los hechos logran. Ahí radica, afirmaba el Nobel de Literatura, la razón del fracaso o el éxito de las naciones.

Nadie podría dudar que la arquitectura jurídica de México es comparable a lo más desarrollado del mundo. Sin embargo, la pregunta es ¿por qué ese orden de leyes no se cumple en una realidad cotidiana? O ¿por qué otros países sí lo han convertido en un efectivo progreso? Hay dos elementos a subrayar en esas preguntas clave: el primero es que se trata de una cuestión íntimamente relacionada con la educación o, si se quiere, con la construcción de un tejido social de valores y principios que llamamos cultura de la legalidad. El segundo es un poco más complejo y tiene que ver con la materia de trabajo de las universidades: el conocimiento. Una sociedad que se afirma en estos dos elementos no sólo está blindada contra la corrupción y la impunidad sino que tiene la posibilidad de fortalecer las instituciones y edificar un porvenir de desarrollo. El Estado de derecho, incluso, constituye una etapa superior de la democracia o, para decirlo como Giovanni Sartori, es la conversión de la democracia de cantidad en una de calidad.

Los trágicos acontecimientos que ha padecido México en los últimos tiempos nos han puesto frente al imperativo de promover la modernidad de la nación no sólo a partir de la reconstrucción física del patrimonio material sino, principalmente, a promover nuestro modelo de comunidad a partir de los dos elementos apuntados: construir un nuevo entramado social de valores y principios identitarios, como hicieron los mexicanos que salieron a apoyar a sus semejantes en la desgracia, y edificar una sociedad afianzada en el conocimiento y la educación. Tenemos ante nosotros una responsabilidad de la mayor importancia porque el Estado de derecho debe afianzarse desde las instituciones de educación superior para que los valores y principios de la convivencia no sólo sean una propuesta moral sino una verdadera estructura funcional, hecha con la materia prima del conocimiento. No basta con restañar el tejido comunitario de una nación. Hay que afirmar el Estado de derecho en un conocimiento efectivo de las ventajas que trae a la sociedad el cumplimiento efectivo de sus normas. La ANUIES promueve el talento de México, en la educación superior, para que la cultura de la legalidad además de una fórmula ética y jurídica sea también un nuevo orden de aplicación de conocimientos que conduzcan al desarrollo de la nación. Las instituciones asociadas a la ANUIES constituyen un ámbito de excelencia para impulsar una institucionalidad democrática de alta calidad, sustentada en el conocimiento y en la legitimidad que exigen los ciudadanos. El trayecto debiera ser: valores, ley y conocimiento para asegurar el Estado de derecho.

En la contienda electoral de 2018, la gran asignatura de todo proyecto de nación se define en la fórmula para que el Estado de derecho sea el instrumento privilegiado del desarrollo con equidad. La ANUIES estará, sin duda, en la elaboración de esa plataforma indispensable y en el diálogo institucional de nuestra democracia, no como un espacio neutral sino con el compromiso de la educación superior con el bienestar del país.

Secretario general ejecutivo de la ANUIES.
@jaimevalls jaime.valls@anuies.mx