¿Nombrar ahora o después?

Desde luego que urge que se realicen los nombramientos pendientes, pero ¿es conveniente que se hagan antes de que acabe este sexenio y, en concreto, esta legislatura que culmina el 30 de abril? Creo que no. No porque no sean indispensables, sino porque la conformación del Poder Legislativo y la coyuntura político electoral, no garantiza que se elijan los mejores perfiles. Los incentivos están más bien alineados para que sean personas afines al actual gobierno los que ocupen los sitios sensibles, sobre todo en materia de procuración de justicia y anticorrupción.

Fiscal General. Este es el nombramiento que más se ha complicado jurídica y políticamente. Para nombrarlo, según la Constitución, primero se requiere que la PGR se convierta en Fiscalía General de la República y, para que esto suceda, resulta necesaria la declaratoria de transformación de la PGR en Fiscalía General que debe hacer el Congreso a través de la legislación secundaria que expida. Ya existe un dictamen aprobado por la Cámara de Diputados de Ley de la Fiscalía General de la República, que por cierto deja mucho que desear, y que espera votación desde diciembre de 2014 en la Cámara de Senadores.

Por lo que hace al nombramiento en específico, recordemos el escándalo que se dio en torno al #fiscalcarnal, que no es otra cosa que un transitorio constitucional, el décimo sexto, que establece que el procurador en funciones se convertiría automáticamente en Fiscal General, esto se eliminó por el Congreso pero sólo ha sido aprobado por 3 entidades federativas y se requieren al menos 17 para que se concrete la reforma.

Adicionalmente, la sociedad civil está impulsando una reforma al artículo 102 de la Constitución #fiscalíaquesirva, y ha solicitado que se detenga la discusión en el Senado del dictamen de ley que le mencioné y que se convoque a un diálogo nacional para rediseñar la institución.

Fiscal anticorrupción. Aunque esta fiscalía ya tiene facultades, no hay quién las aplique porque falta que nombren a su titular. Al respecto, la reforma constitucional de 2014, establece que el primer fiscal anticorrupción durará en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018 y deberá ser nombrado por las dos terceras partes del Senado, pero esto no ha sucedido. Con la falta de nombramiento está pendiente, entre otras cuestiones, la entrada en vigor de varios delitos de corrupción incluidos en la reforma al Código Penal Federal de 2016.

Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). En abril de 2017, el presidente Peña Nieto envió al Senado para su ratificación, los 18 nombres para ocupar los cargos de magistrados del TFJA en materia de responsabilidades. Existen nombres y perfiles convenientes en esa lista, pero otros no. El proceso de nombramiento, que debió caer en la Comisión de Justicia, está entrampado en la Comisión de Hacienda del Senado, presidida por el senador del PRI Manuel Cavazos, y tiene un vicio de ilegalidad pues, según el artículo 43 de la Ley Orgánica del TFJA, el presidente debió acompañar una justificación de la idoneidad de las propuestas y no lo hizo, además de que el Senado debe realizar comparecencias públicas y transparentes de los nombrados, lo que tampoco ha sucedido pero aún está a tiempo de hacerlo.

La composición política del actual Senado con mayoría priísta y afines, complicará contar con nombramientos y reformas convenientes. El dilema es, ¿debemos presionar para lograr las designaciones pendientes con las condiciones políticas actuales o esperamos a que pasen las elecciones? La decisión no es fácil. El riesgo de que el Senado nos sorprenda con un fast track a modo en varios temas los últimos días de abril, es alto, ¿cuál es entonces la batalla que debe pelear la sociedad civil ahora?

Presidenta de Observatel, miembro
del Comité de Participación Ciudadana
del SNA. Twitter: @soyirenelevy