¿Hacia la quiebra de la democracia?

En el orden jurídico mexicano, el juicio de garantías, conocido como juicio de amparo, es un muro de contención para evitar violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades, una herramienta de defensa constitucional para que el ciudadano encuentre protección ante actos del propio Ejecutivo.

Resulta cada vez más claro que, desde la 4T, el amparo es visto como “una contribución a la impunidad”. El poder público surgido de una elección organizada conforme a la ley, no acepta un instrumento jurídico que pueda acotar la voluntad personal, manifestada en excesos o desviaciones del Presidente. La 4T no concibe sencillamente que AMLO pueda incurrir en errores.

Alrededor de 147 juicios de amparo han sido interpuestos por el colectivo #NoMásDerroches, frente a la ilegalidad de la cancelación de la obra del NAIM, de la construcción del aeropuerto Santa Lucia y de la decisión de hundir las obras del cancelado aeropuerto en el lecho del vaso de Texcoco.

Muchas decisiones del Presidente han sido cuestionadas judicialmente. ¿Por qué razón se ha llegado a este extremo? ¿Por qué el Presidente y sus colaboradores dejan que los problemas hagan crisis sin siquiera intentar rutas de acuerdo político? Una resolución judicial de suspensión definitiva es una sanción al Ejecutivo al haberse acreditado una arbitrariedad, una acción ilegal o inconstitucional. Si el Presidente llama enemigos a quienes se oponen, ley en mano, a algunas de sus decisiones más polémicas y amenaza a quienes interponen amparo, se debilita aún más la democracia y se coloca a la tolerancia como un error que no tiene espacio en la vida pública. Ambos extremos son peligrosos para la estabilidad de la República.

El presidente ha hecho a un lado la Constitución que protestó cumplir y se permite discrecionalmente hacer lo que quiera, con el consiguiente efecto de desmantelamiento de las instituciones legales y constitucionales de México. Ante negativas para la aprobación de candidatos para integrar los organismos autónomos, el Presidente hace uso de sus facultades para designarlos. Aun si esto no es ilegal, esa forma de actuar agota cualquier negociación con el poder legislativo y convierte a la 4T en la fuerza que aplasta y pasa por encima de todos y de todo. Aun si la ley lo faculta, la imposición arrasa también con las reglas no escritas del ejercicio político, tan importantes como las leyes cuando se debe contener el riesgo de ahondar la polarización y la ruptura social.

La decisión presidencial de cambiar el aeropuerto mediante una consulta risible y ridícula, similar a tirar a la basura un proyecto para un Metrobús en Torreón y Gómez Palacio, derivado de un grupo de microbuseros que abucheaba el proyecto, son decisiones erróneas. El remedo asambleísta de votar a mano alzada no es ni se parece al concepto universalmente aceptado de la democracia. Cuando cualquier proyecto o propuesta pueden ser destruidos por ser “una creación neoliberal, producto de la corrupción y el derroche” se están sembrando radicalismo e intolerancia, dos poderosos disolventes de la democracia.

Los programas sociales que debieron mejorarse —jóvenes emprendedores, de salud o seguridad social, de protección a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar entre muchos otros—, fueron demolidos o “sustituidos” por uno simplista: la entrega directa de dinero, como acción personal y magnánima del gobernante, y no resultado de un esfuerzo institucional, producto de la asignación de impuestos que proceden de la sociedad productiva y trabajadora. El cambio del paradigma institucional hacia otro autoritario y personal enseña a los jóvenes no a crear empresas sino, en el mejor de los casos, a insertarse en el mundo laboral como empleados; en otros, recibirán dinero para ser dependientes, pasivos e inútiles.

Tenemos derecho de opinar como queramos, de coincidir o disentir, de ser diferentes, pero sólo si aceptamos que compartimos distintas condiciones dentro de un mismo país llamado México. Cuando el presidente tiene su propia realidad y rechaza la verdadera y permite el desmantelamiento y devastación de la rendición de cuentas como instrumento necesario de la administración pública, se vuelve imposible arribar a conclusiones que puedan compartir y entender la generalidad de los mexicanos.

Cuando el gobernante no reconoce en el trato público la legitimidad de los opositores y los identifica siempre con los enemigos o los traidores, se destruye la democracia. Considerar al adversario desde la descalificación y la diatriba, lo marca con el desprecio y el escarnio público. Se abandona la tolerancia mutua y cualquier forma de respeto a quien disiente o critica incluso los medios. Una vez sustituido el debate de los argumentos —hasta ahora reemplazado por votaciones a modo, a mano alzada— se abre espacio a la acción de su maquinaria de linchamiento. El gobierno pierde autoridad moral y capacidad de arbitraje y se coloca como un impulsor directo de la quiebra de la democracia.

Por eso es tan importante que haya autocontención del gobernante en el ejercicio de poder, él mismo no debe permitir el desconocimiento de la ley, la negación del acceso a la justicia o la deformación de las instituciones y de sus fines. Que no se confunda la 4T, así no se puede gobernar a México ni a ninguna otra nación democrática. Así se destruye la democracia y se entierra aún más la política como base para poder hacer un buen gobierno. El Presidente detenta el poder gracias a la democracia, ahora su obligación es mantenerla.

Exprocurador General de la República