Los jóvenes y la 4T

La Cuarta Transformación ha planteado una apuesta por la juventud sin precedentes en la historia de México. Al menos tres grandes programas públicos atenderán a este sector. El más importante de ellos –Jóvenes Construyendo el Futuro– beneficiará a 2.6 millones para integrarse a empresas como becarios, aprender oficios o alcanzar oportunidades de estudios.

El segundo programa más importante, la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, beneficiará a los jóvenes que estén cursando estudios con el objetivo de reducir el enorme problema de deserción escolar que existe en el país, mientras que el tercero plantea la construcción de 100 universidades en municipios de entre 15 mil y 45 mil habitantes en zonas marginadas.

Los programas en beneficio de la juventud deben evitar ver a este sector como si se tratara de un grupo homogéneo. Es imposible soslayar el hecho de que dentro de los 5.4 millones de jóvenes que no estudian ni tienen un trabajo remunerado (según datos de la Encuesta Nacional de Discriminación 2017), nueve de cada 10 son mujeres, las cuales en la mayor parte de los casos llevan a cabo labores domésticas (aunque en el imaginario social se piense que no hacen un trabajo).

Según esa misma encuesta, la posibilidad de que una joven o adolescente abandone sus estudios por matrimonio o embarazo es tres veces más alta que la de un joven. Más alarmante aún es la probabilidad de que una joven se vea obligada a dejar su empleo por tener que cuidar a alguien más en el hogar (solo el 3.8% de los jóvenes aseguran haberlo hecho por esta razón, cuando en el caso de ellas es el 27%) o para dedicarse a los quehaceres domésticos (45% de ellas frente a 1% de ellos).

Si la promoción de la inclusión educativa y laboral de los jóvenes no incorpora seriamente una dimensión de género, difícilmente logrará atender el problema en su complejidad. Por ello, debemos promover políticas que permitan superar la noción ampliamente difundida de que el trabajo doméstico es responsabilidad de las mujeres, y buscar medidas que permitan conciliar la vida laboral, personal y familiar.

Igualmente importante es tomar en cuenta las condiciones de la juventud indígena, especialmente de quienes viven en las zonas más alejadas del país. En México, hablar una lengua indígena reduce considerablemente la posibilidad de que una persona complete la educación superior. Si a nivel nacional 46% de quienes tienen entre 15 y 24 años asisten a la escuela, entre quienes hablan una lengua indígena ese porcentaje es del 24%.

Y ni hablar de los jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad, condenados en México al abandono y la exclusión. A nivel nacional, por ejemplo, cinco de cada diez mexicanos tienen hoy la secundaria terminada, pero solo son tres de cada diez cuando se trata de una persona con discapacidad. Y mientas en el ámbito federal se podría celebrar que solo 2.6% dice no saber leer ni escribir, entre las personas con discapacidad ese porcentaje es del 20.9%.

Las políticas a favor de la juventud deben ser capaces de tomar en cuenta las circunstancias particulares de un sector de la población extraordinariamente diverso. Sería un error asumir que las necesidades de cada uno de estos grupos se verán cubiertas por el simple hecho de contar con políticas sociales universales y bien financiadas. De poco servirá implementar políticas a favor de los jóvenes que no sean capaces de direccionarse hacia grupos específicos sin atender las lógicas de cada uno de ellos.