El pasado jueves, la Cámara de Diputados aprobó una de las muchas propuestas que el Ejecutivo Federal ha presentado como iniciativas para perfeccionar sus sistemas de impartición de justicia.

La ahora polémica Ley de Extinción de Dominio ha traído como consecuencia que algunos sectores y diversos actores de la vida pública de México opinen en sentido negativo, sobre todo respecto a la retroactividad de esta disposición legal que, en su efectividad, podrá sancionar actos ilegales cometidos diez años atrás mediante los cuales se hubiera conseguido recursos de forma ilícita; así el Estado tendrá la oportunidad de recuperar esos bienes y, con su venta, reintegrar al erario los recursos obtenidos.

Esta ley no atenta contra el bien privado, si es que este se obtuvo de forma clara y con estricto apego a la normatividad establecida en cada tiempo legal.

Está claro que esta es la primera ley con un efecto de retroactividad en su aplicación, es natural que muchos la observen con deficiencia por el acostumbrado principio jurídico con que se ha conducido nuestra legislación, en el sentido de que no pueden aplicarse efectos retroactivos en acciones del orden legislativo. Seguramente en poco tiempo habremos de ver, ante acciones que puedan ser presentadas ante la Corte, cómo ésta se pronuncia al respecto.

Sin embargo, está claro que para que exista la extinción sobre el dominio de un bien es necesario que previamente se haya acreditado una conducta fuera de los cánones legales; es decir, el delito de origen será el motivo que impulse a justificar la aplicación de esta nueva ley a todo aquel mexicano o mexicana sobre quien pese una acción de carácter legal que lleve a una sentencia condenatoria.

La realidad es que México requiere de fortalecer protocolos o procedimientos legales que inhiban acciones delictivas con las que se obtengan recursos, ya sea producto de delitos comunes o federales, e incluso de actos de corrupción que atentan contra el erario.

La ley habrá de alcanzar a todo aquel a quien se acredite que la adquisición de sus bienes ha sido a través de presuntos actos ilegales, que de forma clara lastiman al erario, o han sido obtenidos a través de acciones del crimen organizado, ya sea por el flagelo del narcotráfico, venta de armas o trata de personas, que por supuesto hoy se han constituido como el peor de los males que agobian a nuestro país y que nos colocan en la inseguridad que día a día vive el ciudadano común.

Nadie puede negar que estas acciones son encauzadas evidentemente para inhibir la delincuencia en todas sus modalidades; esta acción contundentemente busca evitar que personas procuren hacerse de bienes con mecanismos ilegales y que hoy se cumpla de forma categórica aquel viejo adagio que reza: “El crimen no paga”.

De refilón

El pasado viernes el Instituto Nacional de Cancerología llevó a cabo su Sexto Encuentro de Supervivientes de Cáncer; un gran reconocimiento a las acciones, que en materia de salud y con sentido humano, realiza el Dr. Abelardo Meneses, director del Incan, así como para quien sin duda se ha consolidado como el mejor cirujano urólogo oncólogo de nuestro país, el Dr. Miguel Ángel Jiménez. Todos aquellos que han vencido al cáncer se congratulan y expresan su agradecimiento al cuerpo médico. ¡Enhorabuena!

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