Acción politizada

El juzgado décimo de distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México dio un plazo fatal de 15 días hábiles a la Fiscalía General de la República y al Senado para que expliquen el procedimiento realizado para elegir y ratificar en la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción a la doctora María de la Luz Mijangos Borja, su actual titular.

La acción judicial se adjudica a la organización civil Derechos Humanos y Litigio Estratégico, que es integrada por diversas organizaciones que dicen dedicarse a la defensa de los derechos humanos.

De acuerdo con información que circula en diferentes redes sociales se observa que, en la integración del Consejo Consultivo de dicha ONG, destacan los nombres de Luis Armando González Plascencia, Rocío Culebro Bahena y Alejandro Posadas, entre otros. Hay que recordar que Luis Armando González Plascencia fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal.

Todo parece indicar que el sustento de la acción promovida se centra en la presunta cercanía entre la actual Fiscal anticorrupción y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que se dice los vincula la amistad.

Es elemental suponer que, todo cargo que se genera a través de las facultades que tiene cualquier tipo de órgano o ente de la administración pública federal, debiera contar, por lo menos, con el visto bueno del Ejecutivo federal; quien, producto de la voluntad popular, tiene el derecho de ejercer esa facultad.

Si María de la Luz Mijangos ha cumplido con los requisitos previos para ocupar hoy el cargo de Fiscal Especial anticorrupción, que por supuesto es una alta responsabilidad; si es amiga o no del Presidente de la República es irrelevante, ya que, si así fuera, es obvio pensar que se encuentra en su esfera de confianza y como dijera la canción: “Qué de raro tiene”.

Lo que sí resulta extraño es que se pretenda colocar a una destacada jurista como lo es la doctora María de la Luz Mijangos en una condición de duda y en un litigio que, por lo menos, habrá de distraerla de su actual encomienda.

Ojalá y este tipo de acciones no sea encauzado para lastimar y deslegitimar la imagen pública de personas como la actual Fiscal Especial de Combate a la Corrupción, quien no solo es reconocida por su capacidad profesional y experiencia en el ámbito de la investigación a servidores públicos, derivado de los encargos que ha ostentado, el más importante, como titular de la Contaduría Mayor de Hacienda, lo que hoy es la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

Por si eso fuera poco, María de la Luz Mijangos también es reconocida como una mujer que traza su conducción a través de la honestidad y sin duda su perfil permitirá que la Fiscalía a su cargo cumpla con su cometido de encontrar y perseguir presuntos actos de corrupción entre los servidores públicos.

Aunque la Fiscal anticorrupción siempre se ha mantenido al margen del activismo político, tiene y ha tenido el derecho a ejercer sus simpatías y definiciones políticas como cualquier otro ciudadano; sin embargo, parece que lo que hoy vemos contra María de la Luz Mijangos es una acción totalmente politizada.

Muchos tenemos la certeza de que María de la Luz Mijangos habrá de conducirse con estricto apego a la legalidad y su participación será para fortalecer la política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que tal vez es su compromiso más importante, abatir la corrupción.