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Empresas fantasma y la venta de comprobantes fiscales

31/10/2018
02:09
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¿Cómo tratar la comercialización ilegal de comprobantes fiscales, la creación de empresas fantasma y la evasión fiscal desde el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)? Con esta pregunta se inició el seminario organizado por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, el Senado de la República y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, celebrado los pasados 15 y 17 de octubre. El propósito del foro se cumplió tras haber abonado al debate nacional, sumando posturas y esfuerzos de diversos actores públicos y privados para plantear una agenda común en la política nacional anticorrupción. Dos días de debate abierto y plural entre autoridades, especialistas y académicos arrojaron las siguientes conclusiones:

La venta de comprobantes fiscales, la creación de empresas fantasma y la evasión fiscal en México constituyen un problema sistémico que se manifiesta en conductas e incluso ambientes de corrupción; se trata de casos complejos que no pueden abordarse con medidas simplistas, como hasta ahora.

Impulsado desde la sociedad civil y la academia, el SNA fue pensado para combatir la corrupción, principalmente el desvío de dinero público para fines privados, y se incorporaron al Sistema autoridades con facultades en control interno, rendición de cuentas y seguimiento de responsabilidades administrativas, considerando a la ASF como la línea de flotación del SNA. Especialistas como el Dr. Santiago Nieto concluyeron que si bien el SNA es ya parte central de nuestro marco institucional y jurídico, necesita nutrirse de instituciones que manejan información fiscal y financiera, por lo que deben incorporarse el SAT, la UIF de la SHCP, la PFF y la CNBV para una adecuada persecución del flujo del dinero y del beneficiario efectivo. El SAT dará al SNA mejores herramientas, mientras que la UIF permitirá generar nuevas estrategias de prevención del lavado de dinero.

Se destacó que para la creación de empresas fantasma se requiere la participación de notarios, por lo que es importante establecer una política nacional del notariado, revisando los requisitos para la asignación de notarías y verificando la probidad de los aspirantes, dado que ellos darán fe de la creación de nuevas empresas.

Sobre la propuesta de la PRODECON, se cuestionaron sus facultades para proponer iniciativas a la Comisión de Presupuesto Público de la Cámara de Diputados. Se refutó asimismo la efectividad de su propuesta de reforma a las leyes del ISR y IVA sobre la retención de las dos terceras partes del IVA y el diez por ciento del ISR a empresas o profesionales de prestación de servicios como medida disuasoria para la creación de empresas factureras, en primer lugar, porque se carece de datos duros que den soporte a dichas modificaciones. Por otra parte, es una medida de control que afectará a contribuyentes prestadores de servicios, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, imponiéndoles una carga administrativa innecesaria y quitándoles flujo de efectivo o de caja que podrían usar para pagar salarios, por ejemplo, además de los problemas que conlleva el trámite de devolución de impuestos ante el SAT. Con la retención de las dos terceras partes del IVA se afecta la competitividad de las empresas, la neutralidad del impuesto y su acreditación.

En conclusión, la retención de impuestos y otras estrategias simplistas no son idóneas para combatir la corrupción, sino que se requiere un conjunto de medidas flexible y amplio que combatan este problema, sistémico y complejo.