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Una zona devastada económicamente, sin agua potable ni salud en sus habitantes; esa es la radiografía del Río Sonora, tras el ecocidio cometido hace tres años por la mina Buenavista del Cobre, propiedad de la subsidiaria Southern Copper Corporation de Grupo México, al derramar más de 540 toneladas de metales venenosos al río.
El 6 de agosto del 2014, la ruptura en uno de los represos provocó el esparcimiento de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo. La emergencia no apareció de la nada, desde el 2009, ya existían antecedentes de falta de mantenimiento en una de las máquinas de la mina. A pesar de ello, en el momento en que sucedió el derrame no se notificó, sino hasta 48 horas después.
La contaminación afectó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi, y 190 kilómetros del Río Sonora, hasta la Presa El Molinito que abastece a una parte de la capital de Sonora. A su paso dejó más de 23 mil personas afectadas de al menos siete municipios: Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, San Felipe, Banámichi y Arizpe.
Por el derrame tóxico, el gobierno federal decretó la contingencia, pues los efectos en los pobladores fueron prácticamente inmediatos. Los afectados presentaron lesiones diversas en la piel y padecimientos gastrointestinales; también se registraron animales muertos y hectáreas de cultivos contaminados.
Se cerraron 36 pozos ubicados a 500 metros de los márgenes del Río Sonora; la mina Buenavista del Cobre, y como acciones complementarias, los gobiernos de los tres niveles repartieron agua purificada; llevaron potabilizadoras portátiles a la zona y fue así que se pospuso el regreso a clases por una semana de 5 mil 806 alumnos de diferentes niveles educativos.
El gobierno federal nombró una comisión especial para atender la contingencia, la cual encabeza Rodolfo Lacy Tamayo. El 15 de septiembre del 2014 se creó el Fideicomiso Río Sonora, mediante el cual Grupo México destinaría 2 mil millones de pesos para remediar los daños ocasionados a pobladores y medio ambiente.
Se estableció que a la firma del mismo debían entregarse 250 mil pesos de pesos más IVA por concepto de honorarios; luego, la cantidad anualizada de 500 millones más IVA y otros 250 millones el 15 de marzo del 2015. Más de 700 millones quedaron sin ejercer o no se rindió cuentas de los recursos.
Como consecuencia del derrame la gente enfermó y perdió sus fuentes de trabajo. El 16 de octubre de 2014 el gobierno federal levantó la contingencia. Los pobladores de la zona del Río Sonora desde ese día a la fecha tienen dos opciones: consumir el agua contaminada o rellenar garrafones de 20 litros de agua purificada a un precio entre los 15 y 26 pesos.
El incumplimiento
Con los recursos del Fideicomiso Río Sonora se realizaron pagos únicos de entre 15 y 35 mil pesos a los afectados por la contaminación. Con la finalidad de realizar un seguimiento epidemiológico y ambiental a largo plazo en la zona, en septiembre de 2015 se programó la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), a cargo de la Dirección General de Epidemiología, el IMSS y la Cofepris.
Desde hace dos años la UVEAS se encuentra en construcción en el Municipio de Ures. Para ésta se presupuestaron 279 millones de pesos y se le destinarían 6.07 millones de pesos mensuales para su operación. Según constató EL UNIVERSAL, hoy en día la Unidad se encuentra en obra negra y abandonada; los enfermos son atendidos en una casa rentada.
Joel López Villagómez, director de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, informó que el personal médico atiende a todas las personas que solicitan consulta aun cuando no se encuentren en el padrón de afectados. Agregó que más del 50%de los pacientes reconocidos no acuden a las revisiones periódicas que se les programan, y por ello, el personal de la unidad se desplaza a las comunidades para atenderlos en sus domicilios.
“Al momento se realizan evaluaciones constantes a los 104 niños del padrón de afectados para descartar que presenten algún problema neurológico por la exposición al manganeso”, dijo el responsable de la Unidad.
Wenseslao Cota Montoya, delegado de Gobernación en Sonora, dijo que existe la propuesta de Grupo México de que la UVEAS se convierta en un centro comunitario, en tanto se continúa atendiendo a los afectados desde las instalaciones actuales.
A raíz del derrame, se cerraron 36 pozos ubicados a 500 metros de los márgenes del Río Sonora; la mina Buenavista del Cobre y gobiernos de los tres niveles repartieron agua purificada.
Prometieron 36 potabilizadoras, sólo hay 1
Debido al desastre ambiental, Grupo México prometió en un principio instalar 36 plantas potabilizadoras en partes estratégicas de la zona del Río Sonora. Al día de hoy sólo se ha instalado una en Bacanuchi. La nueva propuesta de Grupo México es que ahora sean sólo 9 plantas: 5 estacionarias y 4 móviles con tecnología moderna para que en su funcionalidad no sea una carga para los ayuntamientos.
“Tengo información de que ya están adquiridas y operarán con energía solar. Estarían funcionando para noviembre o diciembre”, compartió Wenseslao Cota Montoya, delegado de Gobernación en Sonora.
Con respecto a los pozos, Cota Montoya comentó que están siendo monitoreados mensualmente “hay variaciones en algunas áreas donde surgen altibajos de elementos de contaminación, pero en términos generales, de acuerdo a los resultados, siguen en los rangos que marca la Norma Mexicana”.
Sin embargo, la ambientalista Reyna Castro Longoria aseguró que los habitantes del Río Sonora no sienten segura el agua de los pozos reubicados porque se siguen enfermando. Incluso, agregó, hay crisis de agua en toda la zona agrícola de la cuenca del Río Sonora y en Cananea específicamente. La mina está jalando toda el agua y ahora el pueblo sólo tiene agua por periodos intercalados.
Con respecto al área económica, Castro Longoria dijo que los pequeños productores de cacahuate, ajo y chile no se han podido recuperar por los efectos que hay sobre esos productos; sobre todo el ajo que es un tubérculo y los berros, como plantas acuáticas poseen altas cantidades de fierro, alumnio, cobre y otros metales.
Cuando Rodolfo Lacy Tamayo dijo que con el huracán Odile, en el 2014, se lavó la contaminación, no fue así, la dispersó, aseguró la catedrática universitaria y activista por la defensa de los pobladores del Río Sonora.
De acuerdo a información del grupo Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), “un fallo dictado por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora, relativo al juicio de amparo 834/2015, reconoció que, incluso tomando los datos del Fideicomiso Río Sonora, al menos dos pozos —los de Sinoquipe y La Labor— presentaban contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos en las Guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud, las cuales establecen valores más estrictos que la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994”.
La organización que asesora a los pobladores afectados, señaló el 5 de agosto de 2015 que se habían emitido cinco juicios de amparo en contra de la minera Buenavista del Cobre y también en contra del Gobierno Federal por diversas irregularidades cometidas por la empresa y las dependencias de gobierno responsables de llevar el proceso.
Una comunidad con poca esperanza
La crisis en la zona del Río Sonora persiste a tres años del que se considera como el peor desastre ecológico en México, y por el cual a los habitantes se les otorgó un pago único de 15 mil 350 pesos por toma domiciliaria de agua. A los empadronados en el Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (Progran) se les benefició sin importar que sus hatos estuvieran retirados de la zona contaminada; mientras a los pequeños ganaderos no se les pagó. En el caso de los agricultores, sólo les pagaron 10 mil pesos por hectárea, pero sus tierras quedaron secas, inútiles, lamentó Rafael Gutiérrez de la comunidad de Mazocahui, de Baviácora.
La tristeza se refleja en los rostros de los habitantes del Río Sonora quienes aseguran que siguen brotando problemas de salud ocasionados por la corrupción del agua y del ambiente. En la zona se pueden ver muchas casas abandonadas por familias que fueron desplazadas por el desastre ecológico.
“Los que nos quedamos ya no esperamos nada del gobierno ni de Grupo México, ya nos dejaron morir”, expresó Ramón Valenzuela, un hombre de 64 años que mostró su espalda con grandes manchas blancas, las cuales asegura, le salieron por interactuar con el agua, pues cuando se baña, le quema los ojos y la piel.
