Llevan a la Corte privatización del agua en Puebla

La defensa del agua potable como un derecho humano y la oposición a privatizar su servicio en Puebla llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y generó una confrontación entre autoridades municipales y el gobierno estatal.

Una reforma constitucional, impulsada el año pasado por Rafael Moreno Valle y aprobada en enero, provocó la inconformidad de presidentes municipales porque autoriza al Estado a "regular las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural", lo que es considerado como una intentona de privatizar todos los sistemas municipales operadores de agua.

El presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, junto con cinco alcaldes más recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo las reformas a  la fracción VI del Artículo 12 de la Constitución del Estado.

Las autoridades de los municipios de San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Xoxtla, Talaltenango, Coronango y Zoquitlán, consideraron que el texto es anticonstitucional dado que el Artículo 115 de la Constitución Federal ya habla de la facultad exclusiva de prestar el servicio para los municipios.

"El asunto de fondo es que repliquen lo que hicieron en la ciudad de Puebla, que desmantelen los sistemas operadores para justificar la participación de empresas privadas en la administración de todos los servicios vinculados al agua, desde la dotación de agua potable, alcantarillado y saneamiento", alertó el presidente municipal de San Pedro Cholula.

En entrevista con EL UNIVERSAL, denunció que se trata del mismo texto de la reforma que propuso el gobernador Baja California, Kiko Vega, donde habla que el Estado, conforme a las leyes, regulará las bases y modalidades.

Recordó que en el municipio de Puebla y parte de la zona metropolitana (San Andrés, Cuautlancingo y San Pedro Cholula) el agua fue privatizada en el mes de octubre de 2013 donde se le otorga a la empresa Concesiones Integrales.

Con fecha 28 de diciembre de 2016, San Pedro Cholula terminó el acuerdo para la prestación del servicio de agua privatizada en parte de su territorio y en enero del presente año presentó controversia constitucional a la que se sumaron cinco municipios.

El munícipe que llegó bajo las siglas de Movimiento Ciudadano y que hoy es de Morena, lamentó que no haya disposición del Congreso ni del gobierno de Antonio Gali para abordar el tema a través del diálogo ni privado, ni público.

"No hay disposición, ellos son parte de una estrategia que permita continuar con la privatización del agua como lo hicieron en Puebla. Hay intereses económicos de por medio muy fuertes que favorecen a burócratas del gobierno, como a Roberto Moya, ex secretario de Finanzas que participó en estrategia jurídica para imponer a empresa privada".

Y acusó que autoridades estatales ejercen presión contra municipios para que se desistan de participar en protestas o actos legales contra la reforma.

"Se han pronunciado en contra municipios que respetan el 60 por ciento,  pero sólo seis han presentado controversia porque hay amenazas sobre presidentes municipales, es más el jefe de la oficina del gobernador se ha reunido en privado con alcaldes de donde sus cabildos se habían pronunciado en contra  de esta reforma".

Y aunque no hubo respuesta a la petición de EL UNIVERSAL de entrevista a funcionarios estatales, a finales de febrero el gobernador Antonio Gali exigió dejar de lucrar con el tema de la privatización del agua con la finalidad de hacer política.

"No se vale que estén lucrando y distrayendo a la población con este tema (...) Han de ser cuestiones políticas, yo así lo veo", dijo.

Ante ello, el alcalde anunció que en primer lugar mantendrán una campaña de información entre la población sobre acciones de gobierno que demuestran que están concesionando el servicio de agua potable y la intención que tienen de ir por el resto de los servicios operadores de agua.

E impulsarán una contrarreforma presentada por alcaldes y ciudadanos para replicar el contenido de la Constitución de la Ciudad de México que impide la participación de empresas privadas en el tema de agua potable.

egm