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Cuernavaca. — El edil de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, no podrá ser removido de su cargo hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva si su destitución es o no constitucional.
Así lo ordenó el ministro Alberto Pérez Dayán al admitir a trámite la controversia constitucional número 214/2016, presentada por Blanco Bravo en su carácter de presidente municipal de Cuernavaca, y le otorgó la suspensión provisional para que el Poder Legislativo del estado no pueda ejecutar la revocación de mandato.
En su escrito inicial, el alcalde impugnó la constitucionalidad de la resolución adoptada este martes por la Comisión de Gobernación, Gran Jurado y Ética Legislativa del Congreso de Morelos con la que inició el proceso de revocación de mandato.
Solicitó que los ministros analicen la legalidad de los artículos contenidos en la Constitución morelense que permiten que el Congreso destituya a los alcaldes que no cubran con los requisitos de elegibilidad para ocupar dicho cargo.
La medida ordenada por el ministro Pérez Dayán no interrumpe el procedimiento iniciado por el Congreso, únicamente impide que para el caso de determinar que la revocación de mandato procede, ésta no podrá ser ejecutada hasta que la Corte resuelva la controversia constitucional promovida por el ex futbolista.
La madrugada de ayer 12 de 15 diputados de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso estatal aprobaron el dictamen para iniciar el proceso de revocación de mandato al edil de Cuernavaca.
Algunos de los diputados que votaron a favor de iniciar el proceso de revocación fueron los perredistas: Hortensia Figueroa, Julio Espín Navarrete, José Tablas Pimentel, Anacleto Pedraza Flores, y Edwin Brito Brito; Norma Alicia Popoca, del PAN), y Aristeo Rodríguez y Francisco Moreno Merino, del PRI, así como Edith Beltrán, del Partido Nueva Alianza.
El Congreso local consideró que Blanco Bravo violentó el principio de elegibilidad al presentar documentos falsos para acreditar su residencia.
“No es morelense de nacimiento ni residente de Cuernavaca, no vivió en esta ciudad ni realizó vida social o actividad profesional”, fueron los argumentos utilizados en la solicitud para iniciar el procedimiento.
Se cita que el futbolista realizó actos ilegales para obtener el registro en las elecciones del 5 de junio, como la falsificación de documentos, proporcionar información y documentación falsa para obtener una credencial de elector con un domicilio en la ciudad de Cuernavaca, además del uso indebido de documentos electorales.
Protección política. La última vez que un gobernante en Morelos recurrió al auxilio de la Corte fue en 2004 con Sergio Estrada Cajigal Ramírez (2000-2006), quien logró ampararse contra el juicio político y la separación del cargo que aprobaron los legisladores de Morelos; al final le ganó el juicio al Congreso local.
Desconcierto en el Congreso. El desconcierto reinó en el Congreso de Morelos después que la Suprema Corte protegió al edil Cuauhtémoc Blanco de la destitución.
Diputados del PRD y del Partido Nueva Alianza afirmaron que el Congreso local no fue notificado del acuerdo de los ministros.
Francisco Santillán del Partido Nueva Alianza dijo que no había registro en la página oficial de la Corte, mientras que el legislador perredista Edwin Brito Brito manifestó:
“Cuauhtémoc Blanco no se presentó a la comparecencia a la que estaba citado —a las 16:00 horas—, por lo que, de acuerdo al apercibimiento estaría aceptando los hechos que se le imputan, y entonces seguirá el procedimiento ordinario”.
El legislador aseguró que tienen hasta cinco días para emitir el dictamen de revocación de mandato, el cual será presentado ante el pleno en los próximos días.
Por la mañana, no obstante, el secretario del ayuntamiento de Cuernavaca, Guillermo Arroyo Cruz, dijo que nunca fueron notificados por el Congreso local para que el edil capitalino compareciera ante la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.
Arroyo Cruz refirió que la única información que tuvieron sobre el llamado de Blanco Bravo ante los diputados fue a través de las redes sociales y medios locales que difundieron la decisión de los legisladores pero, dijo, con eso no pueden darse por enterados. “No sabemos si es una comparecencia personal, con defensor, o si es solamente informativa y desconocemos hasta este momento cuáles son las condiciones bajo las cuales podría ser citado el alcalde”, expresó Arroyo Cruz.
Ayer el edil no tuvo agenda de trabajo en el municipio y aprovechó el día para atender asuntos en la Ciudad de México, se informó.
