Xalapa.— En el pleno del Congreso del Estado, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, entregó la Medalla Adolfo Ruiz Cortines, la máxima distinción que dan el pueblo y el gobierno, a 11 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

Ante decenas de madres de desaparecidos, el titular del Ejecutivo estatal anunció que en breve presentará una iniciativa para crear una Comisión de la Verdad que investigue todos los casos.

Señaló que el objetivo de esta comisión es que tenga existencia y fuerza jurídica, y que esté integrada por familiares de personas desaparecidas, a fin de que se indague lo sucedido en los últimos años.

Reconoció que la sociedad no puede vivir tranquila si una persona desapareció, por lo que hizo un compromiso de trabajar con los colectivos de cerca y anunció que una vez aprobada la Ley de Desaparición Forzada de Personas a nivel nacional, propondrá una legislación similar.

En respuesta, los dirigentes de las organizaciones civiles galardonados agradecieron la distinción, pero advirtieron en tribuna que de nada sirve el reconocimiento si no tienen a sus familiares de regreso.

Araceli Salcedo Jiménez, integrante del Colectivo Orizaba-Córdoba y quien busca a su hija Fernanda Rubí Salcedo desde el 7 septiembre de 2011, dio un mensaje después de recibir la medalla y en medio de un silencio doloroso, afirmó ante diputados y el gobernador: “Gracias por este reconocimiento, pero de nada nos sirve si sigo sin mi hija, si seguimos estando en riesgo y nos siguen matando por hacer algo que a ustedes les corresponde”.

En tanto, Yunes Linares anunció que reactivará las policías intermunicipales, las cuales fueron desaparecidas y sus elementos despedidos durante el gobierno de Javier Duarte por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Una operará en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín-Jamapa-Alvarado; otra, en la zona de Poza Rica.

Dos colaboradores, impedidos por ley. Dos de los principales colaboradores de Miguel Ángel Yunes estarían impedidos por ley para ocupar cargos públicos. Se trata del secretario de Gobierno, el perredista Rogelio Franco Castán, quien carece de su cédula profesional, un requisito indispensable para ocupar el cargo,

El otro es el abogado Jorge Winckler Ortiz, quien se perfila para ser fiscal general del estado, quien sacó su cédula hace apenas un año, cuando por ley debe tener una antigüedad de cinco.

De acuerdo con la búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, no existe ningún registro de Rogelio Franco Castán, quien presume ser licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, mientras que Jorge Winckler obtuvo su título profesional en 2015.

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