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Chetumal.— El gobierno de Quintana Roo presentó siete denuncias penales por los delitos de peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones, por un monto de 2 mil 388 millones de pesos contra quienes resulten responsables.

Las querellas se suman a las dos presentadas el pasado 15 de noviembre por la venta irregular de 9 mil 500 hectáreas de reserva territorial.

En conferencia de prensa, los secretarios de Gobierno y de la Gestión Pública estatales, Francisco López Mena y Rafael del Pozo, respectivamente, informaron que las denuncias se presentaron ante la Fiscalía General de Quintana Roo, tras conocer los resultado de las auditorías realizadas a la pasada administración.

“Las auditorías siguen y habrá más denuncias mientras avancen las revisiones”, señaló Rafael del Pozo.

Los delitos fueron cometidos en las secretarías de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Infraestructura y Transporte (Sintra) y Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), así como en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

Rafael del Pozo precisó que están involucrados los ex titulares de las dependencias, pero también servidores públicos de menor rango. Recordó que en el caso de Seduvi ya se había denunciado la enajenación de predios por debajo de su valor y la aplicación de subsidios que no tienen sustento legal.

En la denuncia se vincula al menos a 11 personas, como empleados, amigos, familiares y empresas vinculadas al anterior gobierno encabezado por Roberto Borge, por ventas de predios del estado que incluso “no llegaron a 1% de su valor real”, dijo Del Pozo.

Una de las denuncias es contra Sintra, por la renta irregular de maquinaria por más de 700 millones de pesos, de la que no hay evidencia en cuanto a la prestación del servicio. Están en proceso de investigación otros dos periodos, cuya suma supera los mil 519 millones de pesos.

Por la mañana, en entrevista con Carlos Loret de Mola, el gobernador Carlos Joaquín señaló que una de las denuncias tiene que ver con dos créditos de la CAPA por más de mil 500 millones de pesos, enviados a otra dependencia de forma indebida, por lo que habría desvío de recursos.

Dijo que estas demandas no señalan de manera directa al ex gobernador, pero sí a ex titulares de diversas áreas. “Si las investigaciones llegan a Borge, lo haremos”, expuso.

Añadió que están preparando otras denuncias por el endeudamiento de más de 20 mil millones de pesos que heredó la pasada administración.

Más pruebas. El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado, el perredista Emiliano Ramos entregó a la Secretaría de la Gestión Pública el expediente que contiene pruebas documentales del caso Servicios Aéreos Ejecutivos SA de VIP. Dijo que se detectaron desvíos de recursos por más de 300 millones de pesos y más de 40 millones de dólares.

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