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Buscaran compensación económica por fósiles incautados en NL

A los comerciantes Luis Cepeda y Sandra Pérez les fueron incautados, hace más de 10 años, 400 fósiles de colección; un juzgado de lo civil resolvió que tienen derecho a buscar resarcimiento económico mediante una demanda por daño moral

Estados 14/09/2016 21:45 David Carrizales / Corresponsal Actualizada 22:06

A más de diez años de lidiar con autoridades federales, primero para evitar su encarcelamiento y lograr la recuperación de casi 400 fósiles de colección que les fueron incautados, los comerciantes Luis Cepeda Villareal y su esposa, Sandra Pérez Flores, consiguieron que el juzgado séptimo del ramo civil de la Ciudad de México, resolviera que tienen derecho a buscar el resarcimiento económico mediante una demanda por daño moral, que pretendía echar abajo la Presidencia de la República.

Luis Cepeda Flores y sus abogados, Fernando Zepeda Estrada y José Antonio Soto, recordaron que el 17 de marzo de 2006, durante el gobierno de Vicente Fox, mediante una orden de cateo promovida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fueron sustraídas del establecimiento conocido como “Mundo Prehistórico”, especializado en objetos fósiles y piezas paleontológicas, unas 450 piezas de un alto valor económico, aunque las autoridades sólo registraron en el acta correspondiente, sólo 389 piezas.

Recordaron que la incautación se realizó mediante un agresivo operativo de elementos federales, fuertemente armados, que sometieron a los empleados y cerraron la plaza San Pedro, donde se encontraba Mundo Prehistórico. Esto como parte, de una averiguación que pretendía imputar un delito federal por la posesión y comercialización de piezas fósiles, adquiridas legalmente en diversos países del mundo.

Luego del operativo, se divulgó en las páginas oficiales de la Presidencia de la República, el Consejo Nacional para la Culturas y las Artes (actualmente Secretaría de Cultura), y diversos medios de comunicación de México y el mundo, que se había realizado el decomiso paleontológico más importante en la historia de México, sin que existiera una sentencia condenatoria contra los dueños del establecimiento, ni hubieran sido oídos y vencidos en juicio, y refiriéndose a ellos como “traficantes de fósiles”.

Sin embargo, Luis Cepeda y su esposa, lograron en junio de 2013, el amparo de un tribunal colegiado que ordenó, la inmediata devolución de todo lo incautado, pues lograron acreditar la legal procedencia y posesión de la mercancía que comercializaban.

Pero hasta la fecha, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, depositario judicial de los fósiles, no ha devuelto la totalidad de las piezas, sino solamente 389, que permanecen bajo resguardo en un museo de Coahuila, mientras están desaparecidas dos piezas que estaban guardadas en un maletín, y son las más extraordinarias y de mayor valor económico.

Este hecho- señalaron los abogados-, dio como resultado una denuncia penal ante la delegación estatal de la PGR, contra quien o quienes resulten responsables, pero “extrañamente”, después de transcurridos más de tres años, la dependencia no ha iniciado la averiguación correspondiente, lo que les hace suponer un interés por obstruir la justicia y que dichas piezas, que en 2006 tenían un valor superior a los diez millones de pesos, “adornan la sala de la casa de algún alto funcionario”.

Asimismo, ante el grave daño económico y moral, al ser señalados como delincuentes, y el cierre del negocio del que se sostenía su familia, Luis Cepeda y su esposa presentaron ante el juzgado séptimo del ramo civil de la Ciudad de México, en febrero de 2016 una demanda por daño moral en contra de la Presidencia de la República, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (ahora Secretaría de Cultura).

Expusieron los abogados que al ser demandadas las instituciones mencionadas, desplegaron por separado un gran equipo jurídico y la PGR atrajo el caso, tratando de intimidar a sus clientes, al tener a todo el poder del gobierno federal y la Presidencia de la República en su contra.

Aunado a lo anterior, la Presidencia de la República solicitó atraer la defensa del INAH y del Conaculta (ahora secretaría de Cultura), además de presentar un recurso para que fuera desechada la demanda inicial, bajo el señalamiento jurídico de “excepción por incompetencia”.

Pero, señaló Cepeda y sus abogados, el juzgado séptimo civil resolvió en contra del ejecutivo federal y por eso “hoy anunciamos con gran satisfacción, que el juez séptimo ha resuelto que el intento de la Presidencia de la República, de negarnos el derecho a buscar resarcimiento mediante la demanda por daño moral, fue declinada categóricamente, lo que en transcripción exacta dice: (se) declara infundada la excepción de incompetencia por declinatoria promovida por la parte demandada, Presidencia de la República por conducto de la Federación”.

Explicaron los representantes legales de los comerciantes que con esta resolución se genera un precedente histórico, del que se espera que el poder judicial, “determinado el quantum, otorgue sentencia favorable y se haga justicia en este grave caso de violación a los derechos y garantías de quienes, dedicados a una actividad lícita, por abuso de autoridad y falta de observación a los límites que les impone, han dañado en forma irreparable”.

Hasta hoy permanece en la página de la Secretaría de cultura, la nota donde se les acusa de traficantes de fósiles, aun cuando existe una resolución judicial que dice que no hubo delito, y una resolución que obligó a la devolución de las piezas, porque su procedencia y posesión era legítima.

El problema inició (marzo de 2006) durante el gobierno de Vicente Fox, “pero la ferocidad realmente jurídica por tratar de encarcelarnos fue durante el sexenio de Felipe Calderón, y en el actual sexenio han hecho caso omiso, y tratado de evadir su responsabilidad, una responsabilidad que no es personal, sino institucional, señaló Cepeda.

afcl

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