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La contralora general del gobierno de Nuevo León, Nora Elia Cantú Suárez, anunció la inhabilitación por diez años para ocupar cargos públicos y comisiones, además de una sanción resarcitoria de 280 millones de pesos para los ex secretarios de Desarrollo Económico y Social de la entidad, Federico Vargas, y de Obras Públicas, Luis Gerardo Marroquín Salazar.
En la Secretaría de Infraestructura, antes de Obras Públicas, fueron además sancionados cinco empleados, de los cuales cuatro aún estaban en la nómina, pero dos de ellos quedaron inhabilitados y dos fueron suspendidos por tres meses.
La contralora expuso que a raíz de revisiones llevadas a cabo por la dependencia a su cargo, se han detectado diversos actos cometidos por servidores y ex funcionarios estatales, por lo cual la Contraloría inició un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Federico Eugenio Vargas Rodríguez, quien durante el sexenio de Rodrigo Medina de la Cruz, fue titular de las secretarías de Desarrollo Económico y Desarrollo Social.
El ex funcionario es señalado por por su participación y consentimiento en el otorgamiento de incentivos de manera irregular a la empresa Siderúrgica de Linares, explicó la Cantú, quien estuvo acompañada por Aldo Fasci Zuazua, asesor para casos relevantes de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del gobierno estatal.
Una vez desahogadas las etapas del procedimiento, y siguiendo las formalidades de ley, dijo Cantú, se le impuso como sanción la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público de la entidad por diez años, además de sanciones resarcitorias que en conjunto ascienden a 280 millones de pesos.
Asimismo, se inició procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Luis Gerardo Marroquín Salazar, ex secretario de Obras Públicas del Estado, “por su participación en la variación sustancial de las dimensiones de la obra de construcción del canal pluvial del arroyo San Miguel e Interpuerto, en Salinas Victoria, que ocasionó un daño patrimonial al estado, que asciende a 21 millones 495 mil pesos”.
A Marroquín Salazar se le sancionó con el resarcimiento de dicha cantidad y la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público de la entidad por diez años.
pmba
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