Esperanza. Leyes contra maltrato animal

En junio del año pasado un video en redes sociales mostraba a dos jóvenes de una tienda de mascotas que maltrataban a un perro chihuahua y un hámster. En medio de risas, los dos empleados golpearon y causaron la muerte del roedor, situación que detonó en internet una presión de grupos defensores de animales para castigar a los responsables y emitir una ley al respecto.

Un año un mes después del hecho, los diputados de Hidalgo reformaron la ley para que esta entidad se convirtiera en la número 17 en tener normas punitivas por el maltrato a ejemplares salvajes o domésticos.

De los estados que ya han legislado en la materia, Coahuila es la que tiene la pena más alta por provocar la muerte de una mascota: de dos a seis años de prisión y multa de 300 a mil días de salario mínimo.

Otros estados donde las leyes tienen penalidades altas son Ciudad de México y Puebla, con dos a cuatro años, mientras que Querétaro tiene una tipificación de 15 meses a cuatro años de cárcel. Chihuahua reformó su Código Penal en 2013.

El diputado panista Guillermo Galland Guerrero, quien presentó la iniciativa en el Congreso de Hidalgo, explica que en el caso de Coahuila, los maltratadores alcanzan el beneficio de la fianza debido a que se aplica la media aritmética, es decir, la suma de la pena máxima y la pena mínima entre dos, cuya resultado sólo da cuatro años de cárcel.

Para 2014 los estados que reformaron sus leyes son Colima, Michoacán y Yucatán. En 2015 lo hicieron Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Querétaro y Quintana Roo.

En este 2016 les siguieron Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Veracruz, la Ciudad de México, y apenas el jueves pasado, Hidalgo, luego de que la iniciativa permaneciera dos años y medio en comisiones ya que había sido presentada al Pleno del Congreso desde diciembre de 2013.

Una de las causas por la que no había sido votada era la discusión en la temporalidad. “Había como un poco de temor a que esta ley pudiera convertirse en un medio de amenaza entre vecinos, es decir, por querer dañar a alguien, denunciar que este maltrataba a su mascota”, explica el legislador.

Finalmente fueron aprobadas las reformas al código penal y se creó el título vigésimo segundo denominado Delitos en contra de los animales por actos de crueldad o maltrato, y se adicionaron los artículos 364 y 365.

Con ello las personas que causen maltrato en contra de los animales domésticos o ferales —en condición del entorno natural— tendrán una sanción de 15 días a un mes de prisión y multa de 25 a 50 unidades de medida y actualización en su modalidad de valor diario. Mientras que por muerte del animal, de un mes a seis meses de prisión.

Animalistas intensifican lucha

Otro de los estados que tiene una penalidad baja es Aguascalientes que tiene en su ley de uno a tres meses de cárcel.

Mientras que Guanajuato, en la reforma realizada en 2016 a la Ley de Delitos contra la Vida y la Integridad de los Animales estipula que quien maltrate un animal tendrá sólo una sanción de 60 a 180 horas de jornadas de trabajo a la comunidad.

Estados como Chihuahua, Quintana Roo, Yucatán y Michoacán tienen una ley punitiva de dos años máximos de prisión.

Con uno a tres años están Baja California Sur, Colima, Nayarit y Veracruz; mientras que Jalisco y Estado de México lo castigan de seis meses a tres años de prisión.

En 2015 el maltrato que sufrió el chihuahueño y el hámster ocasionó que los activistas intensificaran su lucha. Encabezados por Jonatan Job Morales, de la organización Biofutura, realizaron una manifestación en el Congreso para exigir la tipificación del maltrato animal, además de clausurar la tienda +Kota.

Por este caso también Anonymous México amenazó con dar a conocer la identidad y datos de los implicados. En un video exigieron a uno de los trabajadores de +Kota “suplicar perdón de lo contrario nos encargaremos de que tu vida se convierta en un mundo de lágrimas rojas, vengaremos el maltrato a estos seres vivos”, dijeron.

Otro caso que indignó a la ciudadanía se dio el pasado 21 de julio, cuando se difundió una fotografía en la que elementos de la patrulla 0069 de Zempoala arrastraban a un perro amarrado a la defensa.

La alcaldesa Selene Peña inició una investigación ante la Contraloría interna para aplicar la ley de responsabilidades de servidores públicos del estado, sin embargo, no hay resultado de la investigación.